El acuerdo sobre límites marinos entre RD y Países Bajos va al Congreso

El acuerdo firmado entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos ha provocado una ola de críticas y debates en el país.

El documento, que delimita las fronteras marítimas en el Mar Caribe basándose en la equidistancia, ha suscitado preocupaciones, tanto por sus posibles implicaciones para la soberanía nacional como por la administración de los recursos naturales de la región.

El acuerdo, rubricado el 5 de julio de 2021, tiene de objetivo definir las áreas marítimas bajo jurisdicción de cada nación, conforme a las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Sin embargo, varios sectores políticos han expresado sus dudas sobre si este convenio representa o no un trato justo y equilibrado para la República Dominicana.

preocupados por los detalles

El diputado Tobias Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, criticó severamente este acuerdo, así como la comunicación realizada por el canciller dominicano al “aclarar” los puntos del mismo.

“Vimos al canciller muy presionado. No fue una conferencia de prensa, no dejaron entrar ni siquiera a los periodistas. Tenían muchos problemas que abordar”, señaló Crespo, quien considera que la presentación de este acuerdo ante el público y la comunidad política fue inadecuada.

Según el legislador, las explicaciones ofrecidas por el canciller fueron demasiado vagas e imprecisas, y considera que el documento debe ser revisado cuidadosamente por el Congreso. “Aunque ellos tengan su mayoría, no creo que el PRM se atreva a aprobar una resolución de este tipo con los errores que están cometiendo todos los funcionarios”, añadió.

Crespo también puso en duda la voluntad del gobierno de defender los intereses nacionales en un acuerdo que, según él, podría ir en contra de la República Dominicana.

Afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de examinar este tratado con rigor y, de ser necesario, llamar al canciller para que ofrezca explicaciones más detalladas sobre el contenido y las posibles consecuencias del convenio.

En cambio, desde el PRM, el diputado Eugenio Cedeño destacó el trabajo realizado por el Congreso en el pasado para proteger y ampliar los límites marítimos del país.

 El diputado del PRM pidió calma y aseguró que el Congreso se encargará de analizar el acuerdo con el respaldo de expertos en la materia. “Si afecta a la República Dominicana, el Congreso lo rechazará”, afirmó, subrayando que no respaldará ningún tratado que reduzca la extensión de los límites marítimos nacionales. “No voy a votar si le disminuye una pulgada a los límites que le corresponden a la República Dominicana”, enfatizó Cedeño.

Mientras que el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, criticó el acuerdo. “Este acuerdo es malo, es inconstitucional porque no se hace conforme a los mejores términos permitidos por el Derecho Internacional del Mar”, afirmó.

Castillo explicó que, aunque la República Dominicana cuenta con una mayor extensión de costa, el acuerdo adoptó una línea de equidistancia que favorece al Reino de los Países Bajos y sus territorios insulares en el Caribe, como Aruba, Bonaire y Curazao.

Castillo argumentó que se debió aplicar una corrección basada en la proporcionalidad de las costas, un criterio utilizado comúnmente en tratados internacionales para asegurar la equidad. 

“Nosotros nos clavamos nosotros mismos el cuchillo en materia marítima”, advirtió, aludiendo a lo que considera una negociación desfavorable que podría permitir la explotación de recursos marítimos por parte de intereses extranjeros. Además, criticó la falta de consideración de precedentes internacionales que hubieran sido beneficiosos para el país y acusó a la Cancillería de omitir detalles históricos y técnicos relevantes.

El acuerdo también ha encendido alarmas sobre las implicaciones a largo plazo para la soberanía nacional y el acceso a recursos estratégicos, como yacimientos de petróleo y gas natural. 

El Artículo 3 del tratado establece que, en caso de que se descubran estructuras geológicas que contengan recursos compartidos, ambos países deberán buscar un acuerdo para su explotación conjunta. 

Sin embargo, críticos como Castillo señalan que este tipo de cláusulas han sido usadas en el pasado para favorecer a potencias extranjeras.

Además, Castillo destacó las omisiones del canciller en sus declaraciones al no mencionar que la delimitación podría favorecer la expansión de antiguos intereses coloniales en la región. 

Citó ejemplos de acuerdos fallidos en el pasado con el Reino Unido y la forma en que algunos sectores gubernamentales han obstaculizado esfuerzos para proteger mejor las fronteras marítimas.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso Nacional, donde deberá ser aprobado por ambas cámaras legislativas.