El referendo consultivo no obligaría al Congreso Nacional a aprobar tres causales

Diversos sectores políticos y sociales han destacado en los últimos años la necesidad de aprobar una ley que permita la celebración de un referendo para garantizarle a la sociedad dominicana mecanismos con los que puedan definir su postura ante temas importantes de Estado.

Específicamente, con debates que dividen a la población como lo es el de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres casos especiales.

Lo que permitiría a las mujeres abortar cuando su vida se encuentre en peligro, o en el caso de que el desarrollo del feto durante el parto sea inviable.

 Además, si el acto de reproducción fue producto de una violación sexual.

El mismo presidente de la República, Luis Abinader, se unió a esta posición en 2021 y anunció que el Poder Ejecutivo presentaría ante el Congreso Nacional una propuesta legislativa para lograr la aprobación de una ley que rija el referendo. 

El proyecto de ley fue depositado en la Cámara de Diputados, pero perimió en distintas ocasiones, lo que mantiene al país sin este mecanismo de participación ciudadana, que está establecido en el artículo 203 de la Constitución dominicana. 

La pieza fue reintroducida el 29 de agosto de 2023 por el Poder Ejecutivo, a través del vocero que representa al Partido Revolucionario Moderno en la cámara baja, Julito Fulcar. 

Después de ser aprobada a principios de 2024, el proyecto se mantiene a las esperas de que la comisión de desarrollo humano presente el informe favorable para su aprobación en segunda lectura.

No sería imperativo

A pesar de que algunos entienden que con la realización de un referendo, y ser considerado así por la mayoría de los consultados, el Congreso Nacional deberá acatar como una orden la posición de legalizar “las tres causales” con la elaboración y aprobación de una ley. 

El referendo consultivo, que es el propuesto por el Poder Ejecutivo, no obligaría al Congreso Nacional a esto, ya que, como su nombre indica, solo serviría para que el Poder Legislativo conozca y tome en consideración la postura de la sociedad con relación “a un tema de interés social”. 

Así lo confirmó también el presidente de la comisión de desarrollo humano, el diputado José Horacio Rodríguez, encargado del estudio de esta pieza, quien aclaró que esto no sería un mandato para los congresistas. 

Modificación constitucional

Sin embargo, la otra modalidad contemplada dentro del proyecto de ley, que es el referendo aprobatorio, podría ser utilizada por quienes consideran que las discusiones y divisiones respecto a la aprobación de las tres causales es asunto constitucional, más que una fijación de posiciones religiosas para abogar por el respeto del derecho a la vida.

De acuerdo con el artículo 37 de la Carta Magna, el derecho a la vida inicia desde la concepción hasta la muerte. 

Por lo que, según los planteamientos de algunos juristas, para dialogar sobre la aprobación de “las tres causales” este mandato debe ser modificado.

El referendo constitucional aprobatorio es el procedimiento de participación directa de la ciudadanía para aprobar las propuestas de modificación de la Ley Suprema dominicana. 

Código Penal

Mientras tanto, la comisión especial compuesta por 20 diputados continúa estudiando los tres proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal.

La delegación tiene hasta el próximo miércoles para rendir un informe con las recomendaciones correspondientes en el hemiciclo de la Cámara Baja.

Tan solo un día antes de que finalice la actual legislatura en el órgano constitucional.

Representando, para algunos legisladores, una barrera para que estos alcancen un consenso ante estos proyectos.

Además, teniendo en cuenta que un grupo de diputados no está de acuerdo con favorecer un nuevo marco penal que no salvaguarde la vida y “dignidad” de las mujeres, con la despenalización de las tres causales.

Justamente como lo propone el proyecto aprobado en dos lecturas por el Senado de la República y aceptado por los diputados en primera discusión.