Los obispos católicos reclaman aprobar Código Penal
Los dignatarios católicos expresaron que la situación reinante en el país reclama disponer de un nuevo código.
La República Dominicana necesita con urgencia un Código Penal actualizado para castigar tanto los crímenes de corrupción como los múltiples delitos no tipificados en la legislación actual, declaró ayer la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).
“Conviene no olvidar que dicha pieza legislativa perimiría el 23 de julio próximo”, expresan los obispos dominicanos en un comunicado, quienes agregan que “como pastores, exhortamos a los honorables legisladores a que cumplan con el deber cívico y moral que tienen de llevar adelante la aprobación de dicha ley”.
Los dignatarios católicos expresaron que la situación reinante en el país así lo exige cada día más, pues el destino de la nación depende de instrumentos legislativos que le permitan el ejercicio de una institucionalidad articulada, en un marco jurídico constitucional. “Los obispos de la República Dominicana estamos en espera, desde hace un tiempo, del desenlace del proceso de aprobación del Código Penal de nuestro país”, apunta la declaración de la CED.
Recuerda que en enero pasado, durante la legislación extraordinaria, manifestaron al Senado la urgencia de que esta importante pieza legislativa sea aprobada.
“Antes de terminar dicha legislación el Senado aprobó el proyecto y lo envió a la Cámara de Diputados en el mes de febrero”, añadió.
Los obispos animan a las personas de buena voluntad a disponer de los medios a su alcance para demandar del Congreso Nacional un Código Penal acorde con el momento histórico que vive el país y con los valores fundamentales del pueblo dominicano.
El Senado lo aprobó en febrero
El 14 de febrero pasado, el Senado aprobó la pieza, que viene a sustituir el Código Penal que data de más de 100 años, destinada a regular nuevos tipos penales, reformando de manera íntegra el derecho penal dominicano con la finalidad de proveer soluciones a la justicia, haciendo más efectivo su funcionamiento en el contexto de los principios de legalidad, equidad y razonabilidad.