Finjus favorece adoptar medios de prevención para mitigar intercambios de disparos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), planteó la necesidad de que se adopten mecanismos de prevención que mitiguen los intercambios de disparos y definir las políticas y programas que sirvan para mejorar el agudo déficit que presenta el sistema penitenciario del país.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán, al hacer un análisis de la justicia en el 2024 y desafío de 2025, consideró la importancia de mecanismos de prevención que mitiguen los intercambios de disparos, para garantizar el bienestar, estabilidad y desarrollo de las comunidades.

Sostuvo que es crucial que en el 2025 se reduzcan las circunstancias en las que suceden estas perturbaciones que atentan contra la seguridad ciudadana.

Indicó que para ello es indispensable que los operadores de la justicia cumplan con sus roles en los procesos investigativos, reduciendo los niveles de inercia que en ocasiones impera en el curso de las pesquisas.

Instó a que el Estado y la sociedad actúen conjuntamente para definir las políticas y programas que sirvan para mejorar el agudo déficit que presenta el sistema penitenciario, con una gran cantidad de presos preventivos.

Consideró que cada día parece diluirse el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social.

Explicó que como toda sociedad moderna basada en principios democráticos y desde una perspectiva de derechos, el sistema penitenciario está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos, lo que implica crear las condiciones para que quienes han causado algún daño a la sociedad puedan tener la oportunidad de reincorporarse a ella.

Manifestó que el análisis del actual sistema penitenciario refleja deficiencias agudas relacionadas con los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia.

Destacó que Finjus se ha colocado al lado de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encontrar alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con la democracia y sus principios.

Indicó que revertir esta situación es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la Constitución y las leyes establecen que deben existir en los recintos penitenciarios.

“La reforma del sistema penitenciario es un reto que, de forma clara y contundente, no puede ser simplemente cosmética y para ser exitosa debe abordarse con una visión de derechos que permita las condiciones para la vida digna”, acotó Castaño Guzmán.

Precisó que la República Dominicana posee un modelo de Estado que, en principio, debe garantizar no solo el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que también debe emplear los medios y recursos necesarios para asegurar su protección.

Castaño Guzmán, dijo que se hace necesario comenzar el año 2025, con realizar un balance de los aspectos clave en la institucionalidad y el sistema de justicia del país, que permita identificar los retos y las perspectivas que se avizoran en el porvenir.

Dijo que es menester que se adopte un marco institucional sólido con la capacidad de responder a las nuevas exigencias, ajustando los cambios que demanda el presente.

En ese sentido, identificó como un desafío del 2025 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Legislativo, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del Proyecto de Código Penal, cuyo conocimiento resultó sin éxito durante el 2024.

Detalló que la modificación y actualización de la legislación penal es urgente, pues reflejaba los cambios sociales y las nuevas formas en las que pueden prevenirse los delitos.

“Con la reforma del Código Penal se impulsará el desarrollo de la política criminal que contribuya a la eficiencia del sistema de justicia al proporcionar coherencia y claridad en la aplicación de las normas”, enfatizó el jurista.

Destacó que es imperativo que se profundice la labor legislativa para conocer de las reformas más significativas que darán una respuesta palpable al dinamismo con el que avanza la sociedad actual.

Aunque reconoció que la sociedad dominicana fue testigo en 2024 de una actividad legislativa y judicial importante en el conocimiento y presentación de iniciativas y decisiones.

Señaló que en la reciente reforma constitucional se presentaron avances encaminados a elevar los niveles de transparencia y lograr una justicia independiente y cercana a la gente para fortalecer el sistema democrático de la nación, que es la meta común que sirve de norte a este balance.

Resaltó la consolidación de la figura del Procurador General de la República Independiente, tras señalar que esto asegura su imparcialidad y arbitrariedad separándolo del proselitismo político y excluirla del Consejo Nacional de la Magistratura.

Manifestó que estos pasos significativos para el buen funcionamiento del sistema judicial, pero que aun así, si bien se propone una estructura que le desvincule de la práctica política y aumente su imparcialidad, deben ponderarse mecanismos suficientes que aseguren su debida rendición de cuentas y el buen ejercicio de sus funciones.

Indicó que la aplicabilidad de la legislación penal puede ser compleja si no se proporciona un modelo uniforme que gestione adecuadamente los cambios sociales y las interpretaciones judiciales, reflejando la continua búsqueda del equilibrio entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad.

Castaño Guzmán hizo un llamado para que los diferentes sectores sociales y estatales coordinen una agenda consensuada para las reformas necesarias en estos aspectos, desde un enfoque participativo.

Consideró necesario en el ámbito de las instituciones que conforman el sistema de justicia, que se tomen mayores mecanismos de control con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente, y órganos para mantener la seguridad ciudadana con profesionalización y eficiencia.

Precisó que desde FINJUS se hacen esfuerzos y trabajan para la presentación de una regulación penal acorde a los tiempos y a las necesidades del sistema.

Señaló que comprender la importancia del alcance de la política penal es esencial para combatir eficazmente la criminalidad, al tiempo que se respete la dignidad y los derechos de las personas.

En tal sentido, valoró los avances que representaría conocer las modificaciones al Código Penal, al tiempo de advertir que es necesario que la pieza se estudie de manera conjunta a la normativa procesal penal, al igual que las leyes especiales que rigen el derecho administrativo, ya que solo así se evitará crear una normativa que, luego de promulgada, pueda chocar directa o indirectamente con otras conquistas del derecho moderno.