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Claves para una reforma fiscal justa y eficiente

El momento es apropiado para aplaudir, más como técnico que como político, la sabia decisión del señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, de retirar del Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el fin de garantizar el debido consenso a nivel nacional, un rasgo distintivo de su gobierno.

Independientemente del grupo de países donde se establezca, esta sin dudas produce un normal rechazo. Peor todavía en uno donde el no cumplimiento voluntario ha sido la cultura. Entonces la pretendida fiscalidad se complica por los mitos y malos hábitos con los que se ha vivido.

No querer pagar impuestos no es cosa de ahora. Acaso aquella frase de Jesús, cuando dijo: ¨Dad, pues, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios¨, fue una reprimenda a la práctica de la evasión.

Es posible que la reforma tributaria, no fiscal, del 92 sea catalogada como la más importante en materia de aumentar los ingresos tributarios de las oficinas recaudadoras del Estado. Con ella hasta se aprobó el Código Tributario, Ley No. 11-92, que aunque el mismo grava nuevas formas de riqueza, se quedó incompleto.

Se recuerda que el licenciado Florencio Lorenzo Silva, esa vez Director General de Impuesto sobre la Renta, dirigió en su despacho la discusión letra por letra de ese documento de naturaleza legal con la participación en persona de los economistas Alfonso Abreu Collado y Jaime Aristy Escuder; el CPA Juan Herrera y el licenciado Francisco Tamárez en calidad de invitados, mientras que por la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, participaron el doctor Moisés González, el maestro Antonio Beras Prats y la doctora Gilda Estévez de Ferreras, entre otros.

En vista de las complejidades que involucra una posible reforma fiscal, lo conveniente es que el CAGEFI esté preparado para hacer lo mismo que hizo el INCAT, enseñando en cada pueblo la aplicación de la Ley No. 74-83 que trataba del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBI).

Esa vez, el doctor José Rafael Abinader Wasaf, Secretario de Estado de Finanzas, envió a los técnicos del departamento de Normas Fiscales de esa Secretaría de Estado, Juan Hernández García y Daniel Toribio Mármolejos a la República de Panamá a que adquirieran los conocimientos de ese tributo desconocido en nuestro país y por igual ellos lo transfirieran en las aulas de la geografía nacional.

La evasión fiscal en República Dominicana es tan compleja que ochenta tomos son insuficientes para explicarla. Un vez en clase, con alrededor de 40 alumnos, hablaba del tema en medio de diferentes opiniones, y en ese momento se me ocurrió sugerirles que se pusiera de pie el que tuviera su cédula al día y nadie del curso se paró. En esa ocasión, se pagaba una tasa por la adquisición de la cédula.

En el pasado hubo una dependencia muy importante en materia de política fiscal de los expertos internacionales en tributación de nombre: Juan Pedro Castro de Argentina, Roque García Mullín de Uruguay, Jaime Ross y Carlos Anabalón Ramírez de Chile y Claudino Pita de Brasil.

Hoy el país y el gobierno, por dicha cuentan con técnicos calificados en política fiscal con los criterios para ensamblar una reforma fiscal consensuada, en la medida de lo posible, con todos los sectores productivos y la sociedad civil.

Aunque parezca inverosímil el mejor método para minimizar la evasión tributaria del país, es eliminando gradualmente el paquete de gastos tributarios o exenciones fiscales que por años mantienen de forma privilegiada especialmente personas jurídicas del universo de contribuyentes.

Esa eliminación convierte a cada sujeto pasivo, en agente de retención del impuesto en la fuente por la operación que realice; y hará desaparecer por vía de consecuencia el fatídico y eterno 14 % de presión tributaria.

Entonces lo más recomendable es que se suban los salarios y el mínimo de subsistencia a las personas físicas para de esa manera enfrentar la inflación y reducir la pobreza en nuestro país.

El autor fue director del INCAT y docente de Derecho Tributario en la institución y profesor de impuestos en las universidades O&M y Apec. Fue Viceministro de Hacienda y Asesor de Políticas Tributarias del Poder Ejecutivo.