Haití apuesta al conflicto

 “Autoridades haitianas” son conceptos intrínsecamente contradictorios, cuando no antónimos. Pues no pueden llamarse “autoridades” a quienes no ejercen control sobre su territorio, no monopolizan la violencia, no captan tributos para sostener una precaria institucionalidad, y no pueden siquiera dotar de documentos de identidad a los nacionales del Estado que dicen representar.

Escuchar a las llamadas “autoridades haitianas”, es como ir a ver una obra al teatro. En el momento la disfrutamos pero sin olvidar que todo es una ilusión, incluyendo el diálogo de los actores; un montaje destinado a hacernos disfrutar el momento… algo irreal, ilusorio y efímero.

Con Haití ocurre lo mismo, sólo que la comunidad internacional se resiste a la idea de que el Estado haitiano colapsó e implosionó bajo la presión ejercida por la mezquindad de su clase política, la voracidad sin límite de su élite empresarial, la indiferencia de la comunidad internacional, la política intervencionista de Estados Unidos y las manos criminales de la República Francesa.

El valiente pueblo que escribió una de las páginas más gloriosas en la lucha por la libertad y la dignidad humana, hoy está condenado a la disolución, y es triste decirlo. Como mucho más triste es ver cómo los mercaderes de su miseria aprovechan cada espacio, tarima o micrófono para calumniar, y articular componendas con otros países que procuran un único objetivo: hacer que la República Dominicana cargue sola con el muerto.

Esta vez la farsa se interpretó en el Consejo Permanente de la OEA –la que iba a opinar sobre el canal en el río Dajabón en 2023 y aún no dice nada–, escenario utilizado por el embajador haitiano Gandy Thomas, para, entre otras lindezas, señalar “que estas deportaciones se han hecho de manera intrínsecamente discriminatoria, con el objetivo de marginar a un grupo específico sobre la base de su origen étnico”, lo cual no sólo falta a la verdad, sino que procura instalar el discurso de odio y discriminación racial en la mentalidad de los ciudadanos del primer mundo, condicionar la política exterior de esos gobiernos e imponernos sanciones.

Llevan razón quienes piden al gobierno dominicano que los operativos de deportaciones de nacionales haitianos sean respetuosos de su dignidad y derechos fundamentales –como señaló la bellísima canciller haitiana, Dominique Dupuy–, pues las imágenes se bastan a sí mismas, y las denuncias de exabruptos están ahí.

Bajo esa lógica garantista, tiene el gobierno que reforzar sus protocolos de deportación, capacitar al personal involucrado y establecer mecanismos de control, etc., pero ello no es óbice, ni para cuestionar la política migratoria del Estado dominicano –expresión de su soberanía–, ni mucho menos para montar una campaña de descrédito internacional contra el país que más ha hecho por Haití, aunque no tengan memoria ni sepan agradecerlo.

El gobierno debe saber que el pleito hay que echarlo fuera, au contraire, se perderá dentro… y perderemos todos.