Fiscal aportada como testigo en Coral: En residencia de Girón ocuparon 10 sellos de instituciones
En el caso, Adán Cáceres es acusado de ser el cabecilla de un entramado de corrupción que operó desde esa institución.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave del Ministerio Público en el entramado de corrupción en el caso Coral y Coral 5G.
El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en el caso Coral, tenía una oficina de máxima seguridad en su residencia en Colinas del municipio de Santo Domingo Oeste, donde fueron ocupados 10 sellos gomígrafos de diferentes instituciones públicas.
Así lo informó la fiscal Elvira Rodríguez, quien declaró como testigo de la acusación ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gissell Méndez, Tanía Yunes y Jisell Naranjo, que conocen el juicio de fondo seguido a los acusados.
“Girón tenía un cuarto de máxima seguridad donde dicho allanamiento duró dos días y donde incautaron decenas de discos duros y sellos gomigrafos de diferentes instituciones públicas”, acotó la fiscal.
Ante esa situación dijo que tuvieron que llamar a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público y a Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para que enviaran peritos para evitar perder información.
Además la fiscal, detalló que tuvieron que romper para acceder a las informaciones en la oficina de Girón, al tiempo de señalar que se realizaron allanamientos en propiedades de varios de los imputados donde tenían 'shutter' de seguridad.
La testigo del Ministerio Público explicó que incautaron documentos con nombres específicos y montos de dinero que estaban en la vivienda, ubicada en la calle Septentrional del residencial Colina del Oeste, municipio Santo Domingo Oeste.
Asimismo, aclaró que el allanamiento fue realizado en abril del año 2021 y dijo que el inmueble “es una vivienda muy grande, con piscina y varios pisos”.
En el caso el mayor general Adán Cáceres Silvestre es acusado de ser el cabecilla de un entramado de corrupción que operó desde esa institución, con ramificaciones en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además de Cáceres Silvestre, el Ministerio Público acusa en este expediente a la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto, en la Operación Coral 5G, derivada de Coral, están los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.