La tijera constitucional

 En términos de rigor procesal, es a partir del 19 de agosto –con la remisión del Poder Ejecutivo al Senado del proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional– que inició formalmente el proceso que desembocará en una nueva constitución, tal como fue pregonado por el presidente Abinader durante su campaña.

Aunque el objeto inicial de la misma era la incorporación de candados constitucionales que impidieran modificaciones futuras sobre la reelección y consolidar la autonomía funcional del ministerio público, luego fueron incorporadas la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales; y la reducción de la cantidad de diputados.

Arrojada la botella en la turbulenta corriente del río congresual, habrá que ver si más que una reforma, el presidente logrará la reforma que quiere. Los votos necesarios para imponerla sobran, pero empiezan a reducirse las adhesiones en torno a algunas propuestas; o más concretamente, contra la que a todos les afecta directamente como clase: la reducción de la matrícula diputacional. La disciplina pesará más que el resultado, pues el mensaje hacia afuera será más importante que el que se quiera enviar adentro.

La sociedad observa y el “so pena” está ahí… Como también lo están las declaraciones y adhesiones partidarias dadas –por unanimidad– en torno del proyecto el 21 de agosto; que, sin embargo, han encontrado resistencias en el propio bloque del PRM, al punto que varios diputados cuestionan el planteamiento presidencial de reducir a 137 la cantidad de diputados, para un recorte de 53, a partir de 2028.

Si será una “Rebelión en la granja” digna de Orwell o un sano ejercicio del derecho constitucional al pataleo, habrá que ver en función del resultado final y de cómo podrá lograrse. Que varios diputados sindicados como parte de proyectos presidenciales en ciernes asuman la voz cantante, puede ser obra de la autonomía y la valentía, pero otros podrían pensar otra cosa también.

El debate esencial va más allá de si los legisladores son soberanos y representan al pueblo o si se deben a su partido y a las líneas establecidas. La discusión de fondo debería ser la pertinencia de la medida propuesta, sus fundamentos conceptuales y en cómo la misma mejora o no la calidad de la representación.

Más allá de los argumentos económicos del ahorro anual que representaría tal reducción, lo que corresponde es fundamentarla en términos de mejora de la calidad del trabajo que desempeñan los diputados; y si la misma representaría más que un congreso económico, uno más eficiente.

Ahora bien, puestos a razonar en clave económica, valdría la pena recordar que los fenicios –y todos sus descendientes– se caracterizaron por ser excelentes negociantes, y que bien sabían que para vender en dos había que pedir cuatro –con firmeza–, y luego regatear… y si el precio quedaba en tres, mucho mejor todavía. Y eso aplica para todo.