Modifican artículos controversiales del Código Penal

El país tiene más de 20 años esperando por la promulgación de un nuevo marco penal que amplíe las tipificaciones para combatir los actos ilícitos y criminales.

Sin embargo, la discusión tendrá que esperar al comienzo de la próxima legislatura, programada para el 16 de agosto.

Esto, después de que la comisión especial no pudiera completar el informe en el plazo establecido, antes de que finalizara la legislatura el pasado 25 de julio.

No obstante, la delegación, presidida por el diputado Alexis Jiménez, entregó un documento en el que muestra las modificaciones realizadas en la propuesta enviada por el Senado y aprobada en primera lectura por la Cámara Baja.

Específicamente, las alteraciones están centradas en los artículos que fueron rechazados por distintos sectores de la sociedad, debido a que, según expresaron, ofrecen privilegios legales o afectan derechos fundamentales.

Uno de los artículos más controversiales es el 328 sobre imprescriptibilidad de los hechos de corrupción. La delegación alteró lo dictado para que la ejecución de estos casos venza en un plazo de veinte años, “computados a partir del cese de la función pública”.

Igual que en el artículo 14, que otorga una exoneración de responsabilidad penal a las iglesias, al Estado, el Distrito Nacional, los municipios, ayuntamientos, y las juntas de distritos municipales.

Con relación a esto, adicionaron un párrafo para aclarar que “subsistirá” el cargo civil y patrimonial de estas entidades.

El artículo 86, en el que indica los actos de lesa humanidad, diversos juristas y legisladores consideraban que este le restaba facultades al Gobierno por incluir a las deportaciones.

Por lo que acordaron eliminarlo y colocar la trata de persona dentro de las infracciones “muy graves de lesa humanidad”.

Además, excluyeron el tercer párrafo del artículo 123 que no calificaba como violencia intrafamiliar la corrección de los hijos por medio de la violencia o el abuso físico.

Otra de las variaciones fue producida después de que un equipo de representación enviado por la Policía Nacional y el Ministerio Público entregara un documento con sus observaciones. Ante esto,

El artículo 295 sobre “revisión injustificada de vehículos” fue adaptado para que los agentes policiales o militares que “abusando de su autoridad, fuera del marco de una investigación criminal o persecución de un crimen flagrante y una situación de amenaza a la seguridad nacional: fuera de las causales permitidas por la ley” sean sancionados con multas por incurrir en esta acción.

Además, se castigará con quince días a un año prisión menor y multa los policías y militares que requieran a un ciudadano “sumas de dinero o dádivas”.

Por otro lado, transformaron el segundo párrafo del artículo 139 para que las agresiones sexuales, violaciones y el incesto contra niños, niñas y adolescentes no prescriban con el paso del tiempo.

Asimismo, en el artículo, en el cual detalle las modalidades agravadas de violaciones sexuales, declararon que el encubrimiento realizado por personas “embestidas con autoridad u ocupante de una función pastoral o religiosa” será tipificado como cómplice en estos casos.

En el conjunto de los 24 artículos modificados también se encontraba el 20, 24, 73, 87, 89, 109, 111, 113, 127, 130, 132, 133,135, 140,161, 226, 288, 289, 290 y 302 de la pieza.

Nueva comisión

La comisión, encabezada por Jiménez, representante de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), estableció como necesario disponer de más tiempo para realizar un estudio detallado y priorizar la calidad en las próximas recomendaciones.

Además, solicitó reestructurar los 20 integrantes de la delegación en vista de que algunos diputados no continuarán como representantes legislativos en el próximo cuatrienio, a partir del próximo 16 de agosto.

El documento, que cuenta con 13 firmas de los miembros, también pidió al pleno ordenar a la nueva comisión utilizar estas recomendaciones en los siguientes estudios.