La responsabilidad fiscal de los gobiernos
El principal objetivo de todo ser humano es la búsqueda de la felicidad en sentido general. Para poder conseguir esa gran meta, se requieren muchas cosas, incluyendo las espirituales. Pero si meditamos sobre el tema debemos concluir que lo más importante es tener un empleo estable y justamente retribuido. Por ello es que el principal objetivo que deben perseguir los gobiernos es crear las condiciones para lograr la mayor cantidad posible de empleos a su población y ayudar, mediante programas sociales, a aquellos que no puedan conseguirlos o que sus niveles salariales no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Lo que debemos analizar pues, es como la política fiscal debe enfocarse para alcanzar esta meta. En primer lugar debemos entender que una sociedad sólo puede crear empleos productivos por medio de las inversiones, pero para poder invertir, primero hay que ahorrar. Por tanto, la principal responsabilidad de los gobiernos es crear condiciones propicias para estimular los ahorros y las inversiones.
En lo que al ahorro concierne, son muchos los factores que influyen sobre el mismo, incluso aquellos de carácter cultural e histórico, pero podría decirse que la estabilidad macroeconómica y la existencia de un sistema financiero sólido y estable son condiciones imprescindibles. Por lo tanto, ahí tenemos la primera meta de la política fiscal, es decir: mantener la estabilidad macroeconómica. Para ello, lo primero que hay que hacer es garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo lo que equivale a decir la sostenibilidad de la deuda pública, pues de lo contrario, tarde o temprano hará crisis y ésta desestabilizará la economía, el ahorro, las inversiones, el empleo y por tanto, la felicidad de los ciudadanos.
De ahí que, la sostenibilidad de la deuda pública es fundamental y en nuestro caso sólo se logrará si podemos aumentan considerablemente los ingresos del Estado, ya que para este año se estima que el déficit fiscal estará alrededor de los 230,000 millones de pesos, incluyendo el pago de los intereses de su propia deuda, que se proyectan alrededor de unos 260,000 millones, sin incluir la deuda del Banco Central.
El segundo objetivo de la reforma fiscal debería ser evitar desestimular las inversiones productivas del sector privado, las cuales buscan rentabilidad, seguridad jurídica y un futuro predecible. Por estas razones la reforma fiscal no debería modificar el marco legal existente que las regula, especialmente las orientadas a las exportaciones de bienes y servicios y aquellas que crean muchos empleos.
Ahora bien: siempre hemos sostenido que así como los gobiernos deben crear todas las condiciones posibles para estimular las inversiones productivas, por otra parte tiene la obligación fiscal de garantizar que los ciudadanos que se benefician de esas inversiones retribuyan al Estado, mediante el pago del impuesto sobre las rentas personales, en una cantidad que represente la parte de esos ingresos que sólo es posible porque el Estado les proporciona: seguridad, orden, tranquilidad social, infraestructura pública, un marco jurídico adecuado, un sistema judicial funcional, una población medianamente educada y en salud y en fin, una serie de facilidades y condiciones sin las cuales hubiese sido imposible obtener esas ganancias personales.
Por lo tanto, las personas físicas, no sólo los empresarios sino también todos aquellos que reciben ingresos por encima del máximo exento (médicos, ingenieros, abogados, etc.) es decir los ciudadanos en general, deben entender que el Estado necesita recursos suficientes para poder realizar esas funciones imprescindibles en toda sociedad organizada.
Lamentablemente, en nuestro país la contribución directa de las personas físicas a los ingresos fiscales es relativamente baja y esa es una de las principales debilidades de nuestra política fiscal que debería ser corregida en esta ocasión, pues de lo contrario será inevitable que los ingresos adicionales que el Estado necesita para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y por tanto la estabilidad macroeconómica, tendrá que provenir de impuestos indirectos que gravarían a todos por igual, lo cual es social y humanamente injusto.
Nuestros expertos en tributación conocen todos los múltiples subterfugios que realizan muchas personas físicas incluyendo los más afortunados y avezados, para poder evadir, incluso legalmente, sus responsabilidades fiscales. En la revisión y eliminación de estos subterfugios es donde debería haber un verdadero pacto fiscal entre el Gobierno, el empresariado, y los ciudadanos en general; pero bajo el entendido de que en ese pacto el Gobierno también tendrá que comprometerse y garantizar que realmente habrá una estricta racionalidad en el gasto público, lo cual todavía está muy lejos de lograrse a pesar de los intentos que ha hecho la actual administración. Debería ser pues la clase media y la alta, pero también los políticos de profesión atrincherados en más de 35 partidos políticos, los que carguen en esta ocasión con la reforma fiscal.