Una amenaza inaceptable

"Amicus Plato, sed magis amica veritas” –decía Aristóteles–, “Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad”; locución que conviene recordar en estos días, cuando el maniqueísmo de nuevo cuño pretende obligar a asumir bandos, porque es necesario elegir una verdad; aunque ello suponga desmeritar lo que pueda existir de verdad en el otro extremo.

La falacia ad hominem sigue vigente, pues poco importa que lo que alguien diga tenga visos de veracidad o no, si el primer recurso para desmeritar sus argumentos será la descalificación personal bajo categorías morales o éticas, las cuales –sobra decir–, son subjetivas.

Que este modus operandi se circunscriba a relaciones sociales básicas podría entenderse; que sea asumido en niveles organizados de la sociedad o sus instancias políticas es preocupante; pero que sea asumido por instituciones del Estado es gravísimo; pues lejos de imponerse, el Estado tiene la obligación de incorporar en sus actuaciones las visiones, preocupaciones y anhelos de todo el colectivo… por lo menos, si es social, democrático y de derecho.

En el ejercicio de su profesión constitucionalmente protegida, el pasado viernes 21 el periodista y comunicador Julio Martínez Pozo realizó unas declaraciones en El Sol de la Mañana, en donde cuestionaba el manejo del Ministerio Público (MP) en el caso Calamar, así como los acuerdos realizados y la aplicación del Criterio de Oportunidad del Código Procesal Penal, sobre la base de las documentaciones a la que había tenido acceso. 

Como respuesta a sus declaraciones, el 23 de junio el MP circuló una declaración en la que daba cuenta, en primer lugar, de la contundencia de su efectividad procesal y de cómo a raíz de sus actuaciones, entendía que se había orquestado una campaña con “todas las características de no financiarse con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos”.

Sobre la base de la percepción de sus autosuficiencia procesal, el MP entiende que es “deshonesto y poco profesional” que algunos periodistas cuestionen sus actuaciones, y que al “escudarse en un micrófono”, realizan un “nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”. 

Estas afirmaciones son gravísimas, pues las realiza el organismo del Estado encargado de la persecución penal, así que la desproporción de medios y la asimetría del poder es axiomática; por demás, al tipificar con su particular “caracterímetro” que las afirmaciones que osan cuestionar sus actuaciones son financiadas con dinero no lícito –y pasibles de ser objeto de medidas cautelares–, no sólo constriñe (y amenazan) el ejercicio periodístico, sino que se sustrae al debido proceso al convertirse en acusador, juez y parte.

Esas declaraciones son un ataque directo a la libertad de prensa en el país, y como tal deben ser asumidas por quienes creen en el debido proceso… y por la Sociedad Interamericana de Prensa también.