Ministerio Público independiente... y selectivo

uchos elementos coincidieron en 2020 para posibilitar la victoria de Luis Abinader y el PRM. La lucha contra la corrupción fue determinante, en razón de la percepción generalizada de que el gobierno del PLD había tocado fondo en materia de transparencia y manejo de recursos del Estado.

En ausencia de condenas firmes e irrevocables, esta afirmación queda como suposición, ya que la presunción de inocencia es un principio base del Estado de derecho; de ahí que para el gobierno fuera tan importante probar con hechos lo que en palabras afirmó a lo largo de su viacrucis opositor.

Cuando el presidente designó un Ministerio Público (MP) independiente en términos políticos, le dio carta blanca para perseguir presuntos actos de corrupción. A tales fines, el MP realizó pesquisas e investigaciones que le permitieron construir los casos que, cual criaturas de acuario, hemos visto moverse de aquí para allá en noticieros, redes y tribunales: Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, etc.

En los hechos, desde noviembre de 2020 –inicio del Antipulpo– no existen ni en firme ni a la vista, sentencias sobre los casos publicitados. Muchas razones habrá para justificar porqué no se ha hecho justicia, pero, en la espera, la ciudadanía ha perdido el interés, la esperanza… y hasta el morbo.

Los abogados defensores de los acusados hacen su trabajo, al igual que el MP. En lo que la pelota procesal se mueve a ambos lados de la cancha judicial, el tiempo corre y el timing político se diluye, pues el gobierno no sólo no puede mostrar los resultados del MP como propios, sino que este lleva una agenda divorciada de las prioridades e intereses del gobierno.

Verbigracia, la querella penal con constitución en actor civil interpuesta el 14 de junio de 2021 por Andrés Astacio –a la sazón vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES– en contra de ex funcionarios y contratistas del Estado en el sector eléctrico, por supuestamente haber estafado al Estado en más de RD$20,000 millones y a quienes exigió un pago resarcitorio de RD$50,000 millones en daños y perjuicios.

Tres años y cinco días han pasado desde entonces y el MP no ha dado curso a la única querella interpuesta de manera directa por el Estado; por el único funcionario que, apoderado expresamente por el presidente de la república, decidió buscar justicia en los tribunales y no en los medios de comunicación, a donde muchos funcionarios a inicios del gobierno acudieron sólo a quejarse, para luego hacer nada.

Ahora que el país se aboca a una reforma fiscal para, entre otras cuentas, tapar el hoyo de las EDES, conviene recordar que buena parte del mismo se hizo con acciones como la señalada en la querella, esa que el Ministerio Público tiene guardada en una gaveta, y a la que el pasado viernes le cantó cumpleaños feliz en su tercer año.