Exponen ante la SIP los riesgos que encierra Ley de la DNI

La ley 1-24 que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia trae nuevos riesgos para las libertades de prensa y de expresión, según advirtió ayer el periodista Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

A esto le agrega el temor compartido por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad, especialistas en Derecho y la Iglesia Católica, sobre que la legislación “contiene artículos que abren el camino a restricciones”.

La advertencia de Franjul está contenida en su informe presentado ante la Reunión de Medio Año 2024 de la SIP., en el que establece lo siguiente:

“En este período entró en vigencia la ley 1-24, que crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que trae nuevos riesgos para las libertades de prensa y de expresión.

La legislación, aprobada el 29 de diciembre, contiene artículos que abren el camino a restricciones, según la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad, especialistas en Derecho y la Iglesia Católica.

El artículo 11 es el más controversial. Faculta a la DNI a obligar a instituciones privadas o personas física para que entreguen toda la información que se les requiera, lo cual se interpreta como elemento coercitivo de derechos fundamentales y cortapisa a la libertad de prensa.

La SIP expresó el temor de que la ley pueda tener “implicancias negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad”.

A raíz de las críticas, el presidente Luis Abinader instruyó que una comisión intersectorial, en la que fue incluida la SDD, revise la ley y proponga salvaguardas. La comisión trabajó durante tres meses en la reforma del texto y aún se procura el consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones convocadas al diálogo y que objetaron la ley, debido a sus ambigüedades y sus violaciones a las normas constitucionales. El trabajo de la comisión aún no terminó.

Se aguardan fallos del Tribunal Constitucional, que recibió siete recursos de inconstitucionalidad.

También en el Congreso hay otros cinco anteproyectos para modificar la ley, presentados por distintas organizaciones.

En paralelo al informe de recomendaciones para modificar la Ley 1-24, la comisión consultiva intersectorial constituida por el presidente Abinader en junio de 2022 entregó otro informe, pero para la reforma de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.

El 25 de marzo, el presidente Abinader se reunió con una delegación para examinar algunos puntos del anteproyecto. Quedó claro que no existe necesidad de agravar las penas para los delitos de difamación e injuria que se cometan por cualquier medio, incluidas las plataformas digitales.

Se espera que el nuevo proyecto de ley sea sometido al Congreso”.