Defensor del Pueblo tendrá a partir de junio una nueva sede

Luego de que transcurrieran 4 años en la etapa de construcción, el Defensor del Pueblo tendrá a partir de junio de 2024 una nueva sede a donde serán trasladadas todas sus oficinas.

Así lo informó el titular de este órgano constitucional, Pablo Ulloa, quien recibió a reporteros de Listín Diario para mostrarles las instalaciones que están en proceso de terminación, ubicadas en la avenida 27 de febrero, en dirección oeste-este, justo el frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

La infraestructura pintada de blanco, que cuenta con 50 parqueos en un estacionamiento soterrado, tiene la finalidad de ofrecer la mejor experiencia para los ciudadanos que acudan a presentar denuncias o requieran de algún servicio, según manifestó el funcionario.

Justo al entrar a la edificación, en el primer piso, se encontrarán las principales oficinas de servicio al cliente: Atención al ciudadano, investigación, notificación y por último, litigio.

Mientras que en el segundo piso estarán disponibles las oficinas de relacionadas a las áreas educativas, formación universitaria y administrativas.

“Hemos tratado de garantizar que todo sea servicios. Menos obras y más servicio”, subrayó.

Los constructores perfilaron en la explanada una escalera pensada en las personas que padecen alguna discapacidad física, debido a que el objetivo principal es garantizar la inclusividad y un fácil acceso de todos los usuarios.

“Todo este edificio se adaptó para que cualquier persona con algún tipo de discapacidad pueda acceder con facilidad”, resaltó Ulloa.

El ingeniero Pedro Castillo, contratista general del proyecto, indicó que las terminaciones eléctricas, incluidas el cableado, aires acondicionados y otros aparatos, están instaladas para ponerlos a prueba.

“En las próximas semanas se estará contactando a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edusur) para probar. Ya tenemos los aires acondicionados e iluminación. Todo lo eléctrico está resuelto. Ya todo lo que se está haciendo es terminación. Proceso que requiere de la funcionalidad que le vayan a dar los arquitectos, pero está ya todo compacto”, aseveró el ingeniero.

“Continuidad del Estado”

Ulloa explicó que el contrato inicial tenía contemplado el gasto de 104 millones de pesos.

Este presupuesto fue licitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante la pasada gestión de Zoila Martínez Guante al frente del Defensor del Pueblo.

Específicamente, fue el 21 de febrero de 2020 cuando ambas titulares dieron el primer picazo para dejar iniciado los trabajos de esta obra.

Sin embargo, el convenio registró una adenda con la que resultó en 167 millones de pesos el costo final, causada por adecuaciones producidas luego de la llegada de Ulloa, el 14 de junio del 2021, a la posición.

“En vista de que yo heredé esta obra en un 30% de construcción, que tenía como 3 años entre pandemia y no pandemia, se hicieron los reajustes de precio y cantidades por la inflación que ocasionaron el aumento en la adenda del contrato”, explicó.

Ulloa manifestó que no ha intervenido con los planes y equipos constructores definidos inicialmente como una forma de garantizar la “continuidad del Estado”.

“Aquí lo que he tratado de plantear es la continuidad del Estado. En términos personales, yo no hubiese tomado esta decisión, pero por un tema de responsabilidad institucional si he asumido el proyecto con el contratista que encontré y el proceso que se realizó”, afirmó.

No obstante, Ulloa consideró que debió ser el Gobierno dominicano quien facilitara una estructura para las nuevas oficinas de la Defensor.

“Entiendo que la modalidad hubiese sido propiamente que el Estado le cediera una infraestructura. Como me pasó cuando me tocó ser el director ejecutivo del Tribunal Constitucional (TC)”, dijo el funcionario, quien recordó sus funciones durante el año 2011 en el TC.

Aclaró que la obra se detuvo durante estos cuatro años de construcción, en varias ocasiones, por detenciones burocráticas en la tramitación de los pagos. Así como también la falta de seguimiento de la directiva anterior al proyecto.

“Hubo un tema de falta de supervisión de la institución, no de la empresa que se contrató. La gestión dejó que la obra avanzara sin ningún tipo de seguimiento, luego vino la pandemia y el proceso mismo del PNUD”, Ulloa dijo que constituyó una delegación técnica del Defensor del Pueblo para solucionar estos retrasos.

Certificaciones

La visión de Ulloa tiene como eje principal la percepción y la experiencia que tiene la población. Ulloa destacó que las instalaciones departamentales, a través de una correcta distribución, deben transmitir los reconocimientos institucionales recibidos durante su gestión.

“Se prefirió hacer espacios que fueran más funcionales y que al mismo tiempo cumplieran con los estándares de las certificaciones que estamos logrando. Tenemos cuatro certificaciones a nivel internacional que tienen impacto en la infraestructura. Así mismo los ciudadanos deben percibir todas esas características”, apuntó.

Precisamente, el pasado 11 de febrero, el Defensor del Pueblo se convirtió en el primer órgano constitucional del país en obtener el reconocimiento del reglamento ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 sobre el Sistema de Gestión del “Compliance”.