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Aspirante al Tribunal Constitucional aboga por resguardo de la soberanía dominicana

El magistrado fue formalmente propuesto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Franklin Emilio Concepción Acosta, juez presidente de la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo y aspirante a juez del Tribunal Constitucional

Franklin Emilio Concepción Acosta, aspirante a juez del Tribunal ConstitucionalFuente externa

Franklin Emilio Concepción Acosta, juez presidente de la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo y aspirante a juez del Tribunal Constitucional, al ser cuestionado en lo relativo a la posición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, afirmó que dicha sentencia resultó en la privación arbitraria de la nacionalidad dominicana.

Concepción Acosta defendió con las siguientes palabras; “La soberanía del Estado dominicano debe estar resguardada, y quien decide establecer los parámetros y políticas migratorias para la adquisición de la nacionalidad por medio de los instrumentos jurídicos internos o normativos, es la misma República Dominicana”.

 

El jurista indicó que de ser designado como juez constitucional “lo asumiría con valentía, siempre apegado a la Constitución y al bloque normativo”. Estableció que como juez ha sido garante de la dignidad de las personas. “siempre hemos sido apegados a interpretaciones progresivas que favorezcan a la tutela de los derechos”.

El magistrado fue formalmente propuesto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad APEC y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) como perfil idóneo para ocupar una de las plazas ante el Tribunal Constitucional.

SOBRE FRANKLIN 

Acosta es licenciado en Derecho de la Universidad Apec (Unapec), 1997-2001 (distinguido con Índice de Honor de la Universidad). Formado en el Programa de Capacitación de Aspirantes a Jueces de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), 2005 -equivalente a Máster en Administración de Justicia-. 

Especializado a través de la Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), 2008-2010, Máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca (España), 2010-2011, y maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 2017-2018. Titulado como Doctor en Derecho del programa en Administración, Hacienda y Justicia en un Estado Social, de la Universidad de Salamanca (USAL), del cual obtuvo una calificación Sobresaliente.