Miriam Germán llama a reflexión a fiscalizadores que buscan ser ascendidos a posiciones “que no están vacantes”

A través de una comunicación, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, invitó a los fiscalizadores que buscan ser ascendidos a reflexionar acerca de las posiciones que desean ocupar, las cuales, según su criterio, “no están vacantes”.

La magistrada indicó que anterior a su gestión se “ejecutó un ingreso acelerado de fiscales a la carrera, hoy fiscalizadores, llegando a alcanzar los 497, excediendo y hasta duplicando los juzgados de paz”, y en la actualidad estos reclaman ser ascendidos por el tiempo y la función que desempeñan.

“Si bien en muchos lugares sus funciones responden a una necesidad real, en muchas otras es el resultado de las decisiones de sus titulares, como lo atestiguan los reclamos de violación al principio de jerarquía que tenemos ante nosotros… ¿Qué hacemos? ¿Podemos pretender solucionar esas inconformidades con presupuesto y ascensos, sin reconocer que estamos actuando al margen de los principios que nos rigen? Esto puede resultar menos difícil, ¿pero es honesto?”, se preguntó la magistrada.

Dijo que el Consejo Superior del Ministerio Público, que ella dirige, ha reconocido la necesidad de realizar ascenso, pero hay lugares donde sólo existen fiscalizadores y otros donde solo se tienen procuradores fiscales, y su “posición no es considerada para la asignación de las funciones de la misma. Esto ha sido justificado de muchas formas, pero ninguna de estas justificaciones se corresponde con un ejercicio de liderazgo responsable y capaz”.

Germán explicó que se debe tomar una decisión en atención a los reclamos y posiciones de carrera y sus atribuciones.

“¿Solo tendremos fiscales? ¿Deberíamos plantearnos una reforma legal? ¿Podemos funcionar así al margen de nuestra Ley? ¿Esto no es importante?”, volvió a cuestionarse.

Puso como ejemplo que en la posición de procuradores de corte de apelación ese órgano tiene 280 fiscales y “asignarles funciones se dificulta, lo que constituye un debate cotidiano”.

Miriam Germán Brito, explicó que esta situación coincide con las expectativas de procuradores fiscales que aspiran a ser ascendidos “y cuyos méritos lo pueden justificar, pero quiero de nuevo apelar a su comprensión. ¿Podemos, con honestidad y transparencia, demandar recursos para producir ascensos a posiciones que no están vacantes?”.

Señaló que otra situación preocupante que tiene el Ministerio Público es que cuatro fiscalías concentran el 48% de los fiscales y 32 operan con el 52% restante, por lo que está en la obligación de hacer una adecuada distribución de los recursos y a asegurar el servicio a todos los ciudadanos.

“Tenemos provincias completas que solo disponen de cuatro fiscales, y estos cuatro están solicitando traslado hacia las cuatro más pobladas. ¿Qué podemos responder a las demandas de fiscales que continuamente recibimos de las 32 menos beneficiadas?”, siguió cuestionando.

En la comunicación, Germán cuestionó si lo correcto era seguir concentrando personas en los mismos lugares o buscar soluciones a estos problemas con la participación “responsable y honesta de todos”.

“Estamos afrontando una inadecuada planificación de ingreso a la carrera y de distribución interna de los fiscales, la solución no puede ser agravarlos. Seamos conscientes de que nuestras actuaciones serán examinadas acuciosamente en investigaciones y auditorías, por fiscales y jueces rigurosos”, expresó.

Por último, explicó que el problema de Consejo Superior del Ministerio Público no es solo de presupuesto, también es de legalidad, de pertinencia, y de responsabilidad.

“Respeto profundamente el trabajo, las aspiraciones y expectativas de los miembros de la carrera del Ministerio Público, pero debemos todos recordar que las carreras profesionales son de largas distancias y resistencia, no de fuerza y velocidad”, concluyó.

En el mes de abril, más de 300 fiscalizadores intimaron al Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para que revoque la resolución 004-2023 con la que ese órgano declaró que los ascensos y promociones de los miembros del Ministerio Público deben estar sustentados en la disponibilidad de plazas previamente identificadas y precedidos de concursos internos.