El uso de recursos del Estado en campaña, una tema siempre presente en los procesos electorales

El inicio del periodo electoral, a menos de un año de las elecciones, trae consigo una serie de señalamientos, discursos y acciones para, por un lado, intentar transparentar el proceso previo, y por otro denunciar hechos irregulares o a destiempo.

Dentro de este último aspecto, aparece la recurrente denuncia del uso de recursos del Estado para la campaña política por parte de candidatos del partido gobernante, un señalamiento que ocurre desde las organizaciones políticas de oposición y de entes de la sociedad civil, como el caso de Participación Ciudadana.

Precisamente, Participación Ciudadana, desde 1996, ha rendido varios informes sobre lo ocurrido en cada proceso electoral, mostrando entre ellos similitudes en cuanto a violaciones a leyes y a la Constitución, siendo una de las infracciones más comunes el uso de dinero del Estado para promocionar o apoyar una candidatura a un puesto electivo.

2020

Las elecciones de 2020 estuvieron marcadas por una pandemia global que obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar consideraciones adicionales para las votaciones e inclusive, en el último tramo de campaña, a los propios partidos a cambiar su forma tradicional de hacer campaña.

Sumado a ese factor, un año antes, en 2019, se aprobaron las Leyes de Régimen Electoral y de Partidos, Agrupaciones y Movimiento Políticos, dos piezas que, en sus redacciones, incluían una serie de limitantes, condiciones, nuevos delitos, sanciones y otros aspectos que, en su momento, suponían un mayor orden para el proceso electoral.

Sin embargo, el informe de Participación Ciudadana sobre el proceso electoral de 2020, tanto a nivel municipal como congresual y presidencial, reflejó que los avances se quedaron solo plasmados en papel.

“Las nuevas leyes de régimen electoral y de partidos políticos fueron cumplidas en una parte de los aspectos organizativos, pero fueron violadas y claramente no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral que se quisieron modificar con dichas leyes”, establece el informe.

En su resumen, Participación Ciudadana reiteró que “como se ha producido en toda la historia del país” hubo “afanes continuistas” del partido y el presidente en el poder que incidieron de manera negativa en la práctica política “violando todos los controles al abusar del poder del Estado”, citando en primer lugar la imposición de un candidato favorable y la puesta de todo el gobierno y los recursos públicos a favor de ese candidato.

El propio presidente de entonces, Danilo Medina, fue quien declaró a Gonzalo Castillo como el candidato presidencial, dio el discurso central de la actividad, dirigió el equipo de campaña y aseguró, posteriormente, que tenían dinero suficiente para apoyar a todos los candidatos de su partido, así como “no preocuparse por recursos”.

Tras esto, durante el proceso electoral de 2020, el informe presenta una serie de violaciones a las leyes que aprobaron un año antes, resaltando en unos de sus capítulos “La participación del gobierno en la campaña”.

“A lo largo de más de un año, durante una gran parte de la campaña, numerosas instituciones del Estado, especialmente las que cuentan con planes sociales, dedicaron parte de sus recursos a la publicación de logros obtenidos, destacando las bondades del presidente, del gobierno y de sus funcionarios”, señala en primer lugar el informe.

Añade que numerosas pruebas fueron presentadas de que el Plan Social de la Presidencia fue involucrado “totalmente en la campaña del candidato oficial”, así como el hecho de que el gobierno de entonces depositó en el candidato oficial “la responsabilidad de importar y distribuir insumos para el combate de la pandemia” al menos durante varios meses.

Asimismo, que tanto el Ministerio de Obras Públicas, como el de Educación, repartieron insumos con logos e imágenes alusivas al candidato oficial y realizando actividades de campaña durante horarios de toque de queda, colocado en ese entonces como medida preventiva por la pandemia del Covid-19.

“El análisis de la ejecución presupuestaria gubernamental muestra una elevación extraordinaria y no explicada de los gastos públicos en los meses de enero, febrero y marzo, especialmente en áreas y renglones ligados al clientelismo, como el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que publicó varias licitaciones por un monto de RD$946 millones de pesos, entre otros organismos”, detalla el informe electoral de 2020.

2016

En las elecciones del 2016, Participación Ciudadana también hizo críticas similares con respecto a la intervención del gobierno: “No sólo hubo financiamiento ilegítimo para planes sociales de “asistencia social”, sino también de innumerables ventajas del poder local”.

Sin embargo, un aspecto diferencial a de las elecciones del 2020, fueron los “acuerdo políticos” que permitieron la repostulación de los legisladores, a cambio de su apoyo para modificar la Constitución de la República y permitir la reelección presidencial.

Finalmente, la reelección presidencial fue posible, así como más de 90 por ciento de los diputados, las tres cuartas partes de los diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

En el aspecto económico, el informe detalla que fue incrementado el déficit fiscal del gobierno, tanto en el gasto de capital como en el corriente, alcanzando un déficit de 34 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2016.

“El gobierno pagó nominillas y personal transitorio, hasta alcanzar 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes gasto 11 millones diarios e igual suma en publicidad y propaganda”, especifica el informe.

Sobre estos gastos, añadió que desde el 2015 el gobierno dominicano incrementó su propaganda política en un 37 por ciento en relación con el año anterior, hasta constituirse en “el mayor anunciante del país” superando a todas las empresas y, por detrás de estas, aparecía el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, respecto al gasto en remuneraciones, indicó que sólo en el primer trimestre del 2016, en relación con el año anterior, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado aumentó su nómina de personal transitorio en un 677.8 por ciento, reglón que también incrementó en 211 por ciento el Ministerio de Educación y en un 68 por ciento el de Obras públicas.

“La candidatura presidencial reeleccionista obtuvo un alto financiamiento, sin que nadie pueda cuantificarlo, de por lo menos cuatro cócteles, cenas o desayunos, realizados en Santo Domingo y Santiago, en lo que los invitados aportaban cuotas de por lo menos un millón de pesos y mucho más cuando se trataban de grandes empresarios privados, contratistas y suplidores del Estado”, revela el informe.

Funcionarios en campaña

Otra intervención por parte del gobierno fue la participación de funcionarios de primer nivel en campaña política, sin tomar licencia alguna y durante sus horarios laborales.

Tanto para las primarias internas del PLD, como para las elecciones municipales (en sus dos convocatorias) y luego para las presidenciales y congresuales, los reportes de Participación Ciudadana, denuncian que el gabinete completo del gobierno de entonces, funcionarios medios y oficinas gubernamentales, fueron usados como coordinadores de la campaña del candidato oficial, sin tomar licencias y, en ocasiones, realizando actividades proselitistas en horarios de trabajo.

Posterior a eso, ante los llamados de atención de la sociedad civil y la prensa, estos funcionarios respondían, primero, que estaban en su derecho, y luego alegaron que hacían este trabajo en sus horas libres, “aunque se comprobó que muchas de las reuniones se realizaban en horas laborables, violando la Ley de Función Pública” establece uno de los informes.

Sumado a esto, indica que en las últimas semanas de campaña política “todos los funcionarios públicos abandonaron sus posiciones para lanzarse al terreno” para trabajar por sus candidatos, incluyendo “gran parte” del personal del cuerpo diplomático.

“El gobierno en pleno se distribuyó en el territorio nacional para servir de encargados a los candidatos locales y al mismo tiempo continuar la promoción de su candidato a la presidencial, en violación a las leyes electorales, de Función Pública y a la misma Constitución de la República”, remarca el informe.

En el caso de la campaña del año 2020, mientras había medidas restrictivas en la libre circulación, para combatir la pandemia del Covid-19, el informe recoge que varios miembros de distintos ministerios, salieron a realizar actividades proselitistas “bajo el pretexto de ayudas humanitarias”, durante horarios de toque de queda.

Persecución de delitos y JCE

Otro punto crítico en los reportes, es la falta de sanciones y acciones para detener aspectos como la intervención del Gobierno en la campaña electoral, por parte del organismo rector: La Junta Central Electoral (JCE).

“La Junta Central Electoral, organismo responsable de las elecciones, no ejerció el poder que le otorgan la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado a las elecciones en el país”, concluyó Participación Ciudadana sobre las elecciones del 2020.

Sumado a eso, la Ley 15-19, que fue aprobada un año antes de estas elecciones, contempló en su estructura la creación de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de crímenes y delitos electorales, aspecto que finalmente no fue aplicado.

Según relatan los medios en ese momento, recién el 12 de marzo del 2020, un mes después de las elecciones municipales fallidas, fue designada al frente de esa procuraduría especializada la magistrada Gisela Cueto.

“Sin embargo, según pudimos comprobar, esta no contó con los medios y el personal necesario para ejercer su función, a lo cual se sumó la situación de la pandemia”, indica Participación Ciudadana.

“Al final, el país ha vuelto a ver, con impotencia, la repetición de la impunidad en los delitos electorales”, concluye.