¿Para qué se compraron los Super Tucano?

La tarde del pasado lunes, el tribunal presidido por la jueza Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez y Carmen Mancebo anuló la decisión que descargó a Rafael Antonio Peña, el coronel Carlos Picini Núñez y el empresario Daniel Aquino Hernández, involucrados en el caso Super Tucano, el cual tendrá que conocerse de cero.

Los Super Tucano o Embraer EMB 314 son aviones de combate diseñados para el ataque a tierra, los cuales cuentan de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas, diseñados por la empresa brasileña de Aeronáutica S.A (EMBRAER).

Los aviones fueron adquiridos en el mandato del presidente Leonel Fernández, quien, a mediados de 2007 durante una visita a Brasil, anunció la compra de ocho Super Tucano, esta compra se realizaría con un financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

¿Para qué se compraron?

Según explicó Fernández, las aeronaves fueron adquiridas para dar soporte a los planes de lucha contra el narcotráfico y el tráfico de ilegales. En ese momento, el expresidente indicó que en un mundo con tantos retos y peligros que acechan a los pueblos, es necesario poseer el equipo necesario que permita hacer posible una mayor vigilancia.

Costo

El proyecto de compra fue depositado al congreso por el Poder Ejecutivo y en 2008, fue aprobado con 87 votos a favor, 11 en contra y la abstención de 30 por la Cámara de Diputados, el contrato de préstamo por unos 93.7 millones de dólares (US$93,697,887.60), para la compra de los ocho Super Tucano.

A inicios de diciembre de 2009, llegaron los dos primeros aviones al país, ofreciendo todo un espectáculo de acrobacias y siendo recibidos por Fernández en la base aérea de San Isidro. Posteriormente, fueron recibidos los seis restantes.

Inicio del caso

A inicios de 2016, The Wall Street Journal publicó un reportaje, el cual reveló que Elio Moti Sonnenfeld, consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A., admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos, a un funcionario dominicano para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano.

Ante esto, el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) iniciar la investigación a la compra de las aeronaves.

Pero, fue en septiembre de 2017 cuando el Ministerio Público, dirigido por Jean Alain Rodríguez, presenta su acusación formal de seis personas y tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellas la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Los primeros acusados los imputados fueron: el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.

Para ese momento, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del coronel Piccini Núñez, poniendo en libertad del mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, imponiéndole impedimento de salida y presentación periódica.

Asimismo, el tribunal dispuso colocación de brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida a los empresarios Daniel Aquino Méndez, y su hijo, Daniel Aquino Hernández.

Casi tres años después, el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción de Piccini Núñez, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de un millón de pesos bajo la modalidad de fianza.

Tras el sonado caso de corrupción, la empresa Embraer admitió la entrega de sobornos, y en 2018 fue condenada al pago de siete millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

En mayo de 2022, el Ministerio Público presentó las conclusiones del caso y pidió la imposición de 10 años de prisión y el pago de una multa de siete millones de dólares en contra de contra el Pedro Rafael Peña Antonio, el exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.

Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines contra los implicados en este caso. Y fueron descargados por insuficiencia de pruebas al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; y el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).

También fueron absueltos, el empresario Daniel Aquino Hernández, y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor.

Luego de esta condena, el Ministerio Público apeló la decisión el lunes, y la primera sala penal de la corte de apelación revocó la sentencia y ordenó dar inicio al juicio desde cero.