Destacan en la SIP amplia libertad de prensa en República Dominicana

Varias acciones a favor de una mayor protección a la libertad de prensa y de acceso a la información pública en la República Dominicana generaron señales de aliento para el ejercicio del periodismo en este semestre.

El gobierno del presidente Luis Abinader, a través de su Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, anunció que sancionará a más de 20 instituciones oficiales que no cumplieron con la Ley de Acceso a la Información Pública en meses recientes. Dio plazo hasta el 30 de junio para que las organizaciones cumplan con todas las solicitudes; de lo contrario, dijo que les aplicará sanciones administrativas, con la suspensión de recursos en el presupuesto, como lo contempla la Ley 200-04 y una resolución oficial de 2021.

También emplazó a otras 52 instituciones estatales a mejorar sus niveles de cumplimiento en el índice de transparencia.

Entre las entidades que han incumplido esta ley, figuran las dos cámaras del Congreso, la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.

En abril concluyó la ronda nacional e internacional de consultas que realizó una comisión consultiva multisectorial para debatir el anteproyecto de reforma y actualización de la Ley 6132 sobre libertad de prensa, que rige desde 1962. Es inminente su sometimiento al Congreso Nacional como iniciativa del Poder Ejecutivo.

Esta ley, de amplio consenso, consagra garantías para el ejercicio del periodismo en cualquier plataforma, normativas para los medios audiovisuales y la creación del Instituto Nacional de la Comunicación Audiovisual. La nueva entidad, de carácter autónomo, será la responsable de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y establecer reglamentos sobre las políticas públicas, normas y procedimientos en la aplicación de la ley.

En noviembre causó revuelo y oposición el anuncio de la Policía Nacional de que crearía una comisión para "detectar, en medios digitales, la propagación de informaciones falsas, manipuladas o descontextualizadas sobre la delincuencia".

La finalidad, dijo entonces la jefatura policial, sería "evitar que estas informaciones generen pánico en la población". Agregó que daría seguimiento a cuentas de internet y de redes sociales que difundieran contenidos dudosos.

La Policía reconsideró luego su decisión, al ser advertida de que ese tipo de práctica, al margen de lo que disponen la Constitución y las leyes, no está dentro de sus atribuciones.