Poder Ejecutivo busca implementar política de ahorro y eficiencia energética en sus instituciones
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 158-23, con el cual se busca implementar una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la administración pública que se encuentran bajo la dependencia del mencionado Poder.
La política también incluye a los órganos de la administración pública central y desconcentrada.
El documento que parte de la premisa de que los órganos de la administración establece dos categorías de consumidores estatales de conformidad a la sumatoria de todos sus suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone obligaciones para cada caso.
Entre estas obligaciones esta la regulación de la temperatura en los aires acondicionados, durante las horas de labores en instituciones de pequeño consumo, la cual sería de 22 grados centígrados.
En cuanto al nivel de iluminación de las oficinas estipula que en ningún momento puede estar por debajo de 300 lúmenes ni superar los 1,000 lúmenes.
Grandes consumidores
Para los grandes consumidores se les exhorta Instalar sistemas de bancos de capacitores en todo suministro trifásico de potencia para garantizar que el factor de potencia del suministro sea igual o mayor a 0.90 (PF 0.90) y menor a 1.00 (PF 1.00).
Asimismo establece que toda institución que posea un sistema de bombeo eléctrico de agua superior a los 5 HP (caballos de fuerza) debe instalar un sistema de regulación de la presión de agua mediante un regulador de frecuencia automático.
Alumbrado público
Respecto al alumbrado público el documento ordena a que los reemplazos o expansiones del alumbrado público deben llevarse a cabo utilizando luminarias que incorporen tecnología LED (Light Emiting Diodes) o cualquier otro sistema libre de mercurio que garantice la máxima eficiencia en términos de relación lúmenes por energía consumida.
Con estas y las demás medidas estipuladas en decreto, el gobierno busca el ahorro y la implementación de fuentes renovables de energía en dirección de generar un impacto favorable para los dominicanos, tanto en su medioambiente como en la economía del país.