El libre comercio y la protección a la agropecuaria

Desde hace más de dos siglos, los economistas han coincidido en que el comercio internacional favorece el desarrollo de las naciones. Por esas razones, en el año 1986 las naciones del mundo acordaron iniciar negociaciones dentro del GATT para reducir al máximo posible las trabas existentes al intercambio comercial. Ya para 1992 se habían resuelto la mayoría de las diferencias excepto las de productos agrícolas, las cuales siempre han sido las más difíciles pues todos los países tradicionalmente defienden la producción de alimentos básicos para garantizar la alimentación de sus poblaciones. Finalmente quedaron resueltas todas las diferencias, y se permitió que cada uno de los 123 países participantes presentaran sus listas de aquellos productos que querían seguir protegiendo de la competencia internacional, especialmente los agropecuarios, mediante la imposición de altos aranceles. El acuerdo se firmó en el 1994 y entró en vigencia el siguiente año.

El sector empresarial de nuestro país tenía poco conocimiento de lo que el Gobierno había negociado y las noticias internacionales que se recibían sobre los posibles efectos que estos acuerdos tendrían en la producción mundial de alimentos despertó una serie de preocupaciones. Por esta razón la Asociación de Hacendados y Agricultores me contrató para que investigara cuáles eran las repercusiones que tendría el recién acuerdo del GATT sobre el sector agropecuario nacional. Para esos fines en octubre del 1994 visité la sede de la OMC (antiguo GATT) en Ginebra, donde me entrevisté con prácticamente todos los altos funcionarios de la OMC. Allí pude confirmar mi sospecha de que la República Dominicana había sido prácticamente el único país que no había protegido su sector agropecuario.

Rectificación

Ante esta insólita posición negociadora pregunté a los funcionarios de la OMC que podíamos hacer para corregir esta situación y ante la gravedad del caso me dijeron que estarían dispuestos a recibir una rectificación de parte de nuestro gobierno.

A mi regreso de Ginebra redacté un informe que entregué personalmente al Vicepresidente Jacinto Peynado, quien lo hizo inmediatamente del conocimiento del Presidente Balaguer. Como resultado, Balaguer nombró una comisión encabezada por el Secretario de Agricultura con el encargo de que se iniciaran negociaciones ante la OMC para lograr una rectificación de la propuesta inicial que nuestro país había presentado. De esta forma se logró posteriormente la llamada “Rectificación Técnica”, que nos permitió aumentar algunos aranceles por encima del 40% y así salvar del colapso a ocho productos de origen agropecuario, incluyendo el arroz, que hubiesen sucumbido ante la competencia internacional.

Para esa misma época, Estados Unidos le propuso a los países del continente americano crear un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra de fuego, mediante la eliminación de las barreras arancelarias, lo cual fue aprobado en principio en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en el 1994, la que se vino a llamar el ALCA. Sin embargo, tras largos años de negociación esta iniciativa no pudo llevarse a cabo, principalmente por la oposición de algunos países de Sudamérica, los cuales le temían a los subsidios agrícolas que disfrutan los productores agropecuarios norteamericanos. Debido a esta oposición, en el año 2003 Estados Unidos decidió que era menos complicado en una primera etapa, negociar con Centroamérica un tratado de libre comercio que llamarían el CAFTA, al cual posteriormente la República Dominicana se vio en la encrucijada de tener que adherirse sin prácticamente poder negociar, creándose así el llamado DR-CAFTA que hoy conocemos. Este acuerdo contempla la completa eliminación en el año 2025 de la protección arancelaria que por muchos años nos ha brindado la “Rectificación Técnica”, a esos ocho rubros agropecuarios.

En conclusión, para el 2025 todas las importaciones agropecuarias procedentes de Estados Unidos entrarán libres de impuestos, lo que representa un extraordinario peligro para el arroz y otros rubros agrícolas. Personalmente estoy confiado que en estos momentos geopolíticos en que vive la humanidad, Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, así como nuestro principal socio comercial, entenderá la delicada situación en que pondría a nuestro Gobierno frente a la ciudadanía si permite que se destruya nuestra producción arrocera. Consecuentemente considero que ambos países buscarán una salida pragmática para que el pueblo dominicano pueda seguir produciendo este alimento esencial de su dieta diaria. En definitiva, la lección que debemos aprender es que el libre comercio es saludable, pero se deben proteger los sectores estratégicos.