Diputado Gory tendrá que enfrentar cargos corrupción
Amenazas. El diputado dijo que si le prueban que recibió dinero ilícito, renuncia a su condición de legislador y a la actividad política, pero amenaza con demandar por difamación.
Sergio Moya (Gory), diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Archivo
Un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia será designado para el control de las investigaciones seguidas en contra del diputado Sergio Moya (Gory) por su vinculación en el caso Calamar, según los expedientes levantados por el ministerio público contra un grupo de exfuncionarios.
Así lo informó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que en las próximas horas solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, la designación de un juez de instrucción especial para el control de las pesquisas.
La directora de Persecución del Ministerio Público dijo que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el ministerio público de acuerdo con el estado de derecho.
“La política de este ministerio público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, es que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el ministerio público de acuerdo con el estado de derecho, pero haciendo todo el esfuerzo que este equipo hace prácticamente de 18 horas al día”, expresó la procuradora adjunta.
Reynoso habló en esos términos luego de que se diera a conocer el fallo de la solicitud de medida de coerción en contra del grupo imputado de distraer al Estado más de 19,000 millones de pesos durante la administración de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Imputación a Gory
El diputado Sergio Moya “Gory”, quien es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional, es señalado como uno de los jefes del esquema de extorsión a las bancas de apuestas dentro del caso Calamar. Esa es una acusación que comenzó con cuatro delatores en interrogatorios con las autoridades.
Gory, quien ha sido propietario de las bancas Merengue Sport, según delatores de la red Calamar, era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería que se atribuye haber creado al exministro de Hacienda Donald Guerrero.
Sin embargo, el legislador ha negado esos señalamientos y dijo que si le prueban que había recibido dinero de forma irregular procedería a renunciar a su posición como legislador en la cámara baja.
Dijo que tenía más de 30 años de trabajo en el sector de bancas de apuestas y 7 en la vida pública como legislador.
Contrariado por el hecho de que su caso se ventila públicamente en la radio, televisión, diarios impresos, digitales y redes sociales, Gory amenazó con demandar en los tribunales a quienes le difamen.
Otro funcionario
Otro dirigente del PRM y director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) es Mérido Torres de Jesús Espinal, quien ayer solicitó una licencia de sus funciones tras ser mencionado en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso anticorrupción Calamar, como uno de los abogados que participó en un esquema de extorsión contra el Estado en el pago de expropiaciones de terrenos privados por parte del Estado.
Ayer, la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, envió a prisión preventiva por 18 meses a los exfuncionarios Donald Guerrero y José Ramón Peralta, mientras que a Gonzalo Castillo le impuso prisión domiciliaria y fianza.