Pocas posibilidades de que imputados en caso Calamar sean trasladados esta noche

Los abogados de varios imputados del caso Calamar, que fueron favorecidos con medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva, señalan que existen pocas posibilidades de que sus clientes sean trasladados a sus hogares en el transcurso de la noche de este martes.

Alberto Hernández y César Alcántara, quienes representan a Marcial Reyes (a quien se le impuso la prohibición de salida del país y arresto domiciliario cómo medida de coerción), indicaron que son pocos los chances de que este sea trasladado este martes.

"Según secretaría, todavía existe la posibilidad de que los trámites se puedan cumplir hoy, los trámites se están haciendo en Migración, porque recuerden que a Marcial le impusieron impedimento de salida para que se realice la alerta migratoria y todo eso, secretaria dice que es posible aunque por la hora puede que se torne un poco difícil", añadió Alberto Hernández.

A Marcial Reyes se le imputa por supuestamente asociarse con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terreno del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de Donald Guerrero.

En ese caso, Juan Iroito Reyes, representante de Alejandro Constanzo, a quien se le impuso el pago de RD$1 millón efectivo como garantía económica, impedimento de salida y arresto domiciliario cómo medida de coerción, señaló que aunque ya han adelantado parte del pago, es posible que por "cuestiones de logística" el traslado de su cliente se realice mañana.

"Ya se pagó parte de la medida de coerción que se le fue impuesta y ya estamos esperando entonces correspondientemente que se haga la notificación a la Procuraduría para lo relativo al impedimento de salida y lo que es lo que le llaman el medio libre que lo custodian ellos... eso esperamos que sea hoy, pero puede que tal vez concluya mañana porque son cuestiones de logística", indicó Reyes.

A Constanzo se le imputa por supuestamente recibir pagos indebidos, como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley y de enriquecerse de “manera injustificada” utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el exministro de Hacienda, el excontralor general, y las máximas autoridades del Consejo Estatal del azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes Nacionales.

En ese mismo orden, Wendy Lora, representante del exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, indicó que el traslado de su cliente, igual con arresto domiciliario e impedimento de salida, podría producirse a primera hora del miércoles.

Piccirilo es imputado por presuntamente haber coalicionado con los demás investigados para realizar de manera fraudulenta la compra de terrenos utilizando su poder en la entidad que presidía.

Carlos Escalante, representante de Ángel Lockward, igual afirmó que el traslado de este se produciría a primera hora del próximo miércoles.

Lockward, quien recibió igual garantía económica, impedimento de salida y prisión domiciliaria, es acusado de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.

Luego de conversar con la prensa, la mayoría de los abogados de quienes están supuestos a ser trasladados, se retiraron del Palacio de Justicia con la intención de retornar a primera hora del miércoles para cerrar los trámites.

Este martes, la jueza de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, dictó medidas de coerción contra los 20 implicados en el caso Calamar; pero solo dos (los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta) recibieron 18 meses de prisión preventiva.