Diputado Sergio Moya “Gory” y Mérido Torres, de la Utect, terminan implicados en caso Calamar

El diputado Sergio Moya “Gory” y el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres de Jesús Espinal, terminaron implicados en el caso Calamar, luego de que fuesen mencionados en el expediente de solicitud de medida de coerción de casi 3,000 páginas, en contra de 20 exfuncionarios y empresarios.

El primero, el legislador “Gory”, será sometido a la justicia, de acuerdo a lo que informó la procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso a su salida de la audiencia donde se conocía la decisión sobre el caso.

“La Procuraduría General de la República solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la designación de un juez de instrucción especial para abrir un proceso penal contra el diputado”, dijo Berenice Reynoso.

Goris es señalado como uno de los supuestos coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado mediante la operación Calamar.

Mientras que el último, Mérido Torres, solicitó la mañana de este martes una licencia laboral.

En una rueda de prensa que convocó el titular de la Utect, dijo que pidió una cita con la Procuraduría General de la República y con doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética.

Además, dijo que demandará en daños y perjuicios ante los tribunales del país a las personas que, según él, lo han difamado. “Ya que puedo mencionar que todas mis actuaciones han sido correctas y estricto apego a la ley”, dijo.

La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, envió a prisión preventiva a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Mientras que a los demás implicados, incluido Gónzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, les impusieron arresto domiciliario.