Cuando se aproximan los procesos internos de los partidos para escoger a sus candidatos y las elecciones generales del año 2024, los tribunales ordinarios estarán conociendo varios expedientes sobre presuntos actos de corrupción administrativa para utilizar los fondos en el financiamiento de campañas electorales.

El último caso judicial, presentado por el ministerio público tras el arresto de 20 personas mediante la operación Calamar, aporta un nuevo elemento al debate político-electoral, debido a que entre los delitos atribuidos a los exfuncionarios implicados, figura el financiamiento ilícito de la campaña política, sancionado por la ley 33-18 con una multa del doble del monto aceptado ilegalmente.

En la coyuntura política actual, esto representa un reto para los partidos, los candidatos y la propia JCE. Presiona a las organizaciones políticas, a sus dirigentes y aspirantes a puestos electivos a transparentar el manejo de los recursos económicos que usen en la campaña.