Fiscales aseguran que avanzaron “en un 95 %” la presentación de acusación en caso Calamar
Foto: Víctor Ramírez.
El procurador fiscal Melvin Romero afirmó este miércoles que avanzaron con la presentación de la acusación en la medida de coerción en contra de los imputados del caso Calamar, en un 95 %.
Esta información la ofreció Romero al hablar con miembros de la prensa, tras salir de la sala de audiencia, resaltando que el documento está compuesto por 2,120 páginas.
“El Ministerio Público, en el día de hoy, en el día de hoy inició la presentación de la solicitud de escrito de imposición de medida de coerción”, dijo el fiscal.
Indicó que la audiencia seguirá el próximo viernes a la 9:00 a. m., añadiendo además que la misma concluirá con la calificación jurídica, la solicitud de complejidad del proceso y la solicitud de imposición del tipo de medida de coerción para los encartados
Asimismo, Romero dijo que el esquema de presentación fue distinto, explicando que tuvieron que combinar la presentación de la solicitud de medida de coerción, la fundamentación de la participación de los imputados y la presentación de pruebas.
Los imputados
Estos son los de los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, así como del abogado Ángel Lockward.
También están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
¿De qué son acusados?
A los encartados se les señala de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles.