Pepca abrirá otra investigación contra Gustavo Montalvo y otros exfuncionarios del PLD
Según informó abogado de Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana
El Ministerio Público abrirá otra línea de investigación en contra del exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Simón Lizardo, señalado en una querella de usar el dinero que destina un impuesto adicional de dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium.
Así lo informó Carlos Manuel Mesa, abogado de Mario Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc), quien interpuso una querella en contra de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Sostuvo que Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso se acercaron informando esa situación.
Expresó que los funcionarios del ministerio público le manifestaron que la querella que interpuso su cliente, en contra de los exfuncionarios, no procede en este momento en que se está conociendo la solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso Calamar, donde tres de ellos figuran como acusados.
“El ministerio se nos acercó en el sentido de que la querella nuestra, en esta línea de investigación que ellos habían aperturado y por la cual solicitaron medida de coerción contra los imputados en el caso Calamar, no le veía la idoneidad en este momento procesal”, acotó el abogado.
Sin embargo, señaló que Yeni Berenice Reynoso le informó que en otra línea de investigación tomarán en cuenta la querella que interpuso Fenattransc, por lo que, a juicio, vendrá otra versión de Calamar 2.0.
La querella fue interpuesta además de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana, por la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), que preside Antonio Martes (Fenatrado).
Conforme a la querella a los exfuncionarios del PLD se les acusa de usar el dinero del impuesto adicional de dos pesos por galón de gasolina y gasoil, regular y premium, previsto en la Ley No.112-00, para promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga a favor del sector transporte.