Justicia

CALAMAR

Delatores: Diputado Sergio Moya “Goris” fue jefe de cobros ilegales a bancas

Los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo contaron en interrogatorios con los fiscales de la Pepca que “Goris” Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular

Imputados en el caso “Calamar” son conducidos a audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para conocerles medidas de coerción.

Redacción digitalSanto Domingo, RD

Cuatro delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya “Goris” como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado.

Los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo contaron en interrogatorios con los fiscales de la Pepca que “Goris” Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular.

Una de las teorías del Ministerio Público es que el entramado de corrupción, con personas claves en el Ministerio de Hacienda, se dedicaba a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería y deportivas, a las cuales les cobraban una mensualidad para permitirles operar.

Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez, principal delator del caso Calamar, explicó a los fiscales que Sergio Moya tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esa estructura, los vivía engañando con la recaudación. “Pero resultó que no era como Gory pensaba”, dijo a los fiscales.

Mimilo Jiménez, en el interrogatorio en compañía de sus abogados Esther Agelán Casasnovas, ex juez de la Suprema Corte de Justicia y de Francisco Álvarez, copia del cual tiene Listín, dijo que la época de Sergio Moya “Gory” como coordinador del proyecto duró aproximadamente 8 meses.

Cuando a Mimilo Jiménez se le preguntó cuánto dinero recibió por esa estructura de extorsión, dijo que se benefició con unos 148 millones de pesos en los dos perídos, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya.

José Arturo Ureña, otro de los participantes de mayor nivel en esa estructura, también confirmó la participación del diputado del Partido Revolucionario Moderno en el esquema irregular.

“Lo conozco por Mimilo pero nunca tuve una relación de amistad con él, pero lo vine a tratar cuando él y Mimilo se juntan de nuevo, él iba mucho a la oficina de Mimilo; él decía que lo de las bancas podía marchar de una manera diferente y demás y tenía creo una visión un poco menos tolerante de que el esquema debía ser poco flexible con los banqueros, pero la relación de Sergio Gori era con Mimilo”, dijo Ureña en su intercambio con los fiscales, donde estuvo acompañado de su abogado Manuel Fermín Cabral.

Ureña dijo sobre Sergio Moya que el esquema de entrega de recursos lo asumió él y varió con él… “pero eso lo pueden precisar más Fernando Crisóstomo y Mimilo Jiménez pero andaba por 12 y 13 millones (mensuales). Eso ocurrió porque Sergio Gori no tenía la estructura, visión comparativa de Fernando Crisóstomo”.

Fernando Crisóstomo, el primer encargado del denominado “proyecto”, dijo que a su salida le pasaron 3 o 4 meses sin recibir nada pero luego le comenzaron a dar un millón de pesos al mes. Ese dinero se lo entregaba Mimilo Jiménez.

Crisóstomo también fue acompañado por el abogado Manuel Fermín Cabral en los interrogatorios.

Esta estructura, denominada como “El Programa” o “El Proyecto”, se dedicaba al cobro ilegal mensual de bancas deportivas, de lotería y colmadones que poseían tragamonedas en sus establecimientos, en coordinación con funcionarios del Ministerio de Hacienda, según la investigación realizada por la Procuraduría General de la República.

Les cobraban básicamente a todos los consorcios de bancas luego de que lograron hacer un mapeo en todo el país de cuántas funcionaban de forma legal e irregular.

¿Cuál fue el rol del diputado?

Según Jiménez Collie, tras la salida de Crisóstomo del proyecto, se puso en contacto con Moya, aseverando que este le ayudó a “reubicar” la estructura, aunque indicó que las ganancias se redujeron a la mitad bajo su supervisión del proyecto.

“Crisóstomo tenía todo el proyecto, era quien tenía todos los papeles y entonces contacté al señor Sergio Moya, a quien le decimos ‘Gori’, que lo conocía de años anteriores cuando yo apostaba en juegos de azar, yo lo conocía, entonces él era banquero o ha sido banquero toda su vida y él me ayudó a reubicar parte de eso, pero el sistema se fue a la mitad de lo que Crisóstomo recaudaba”, dijo.

Sergio Moya es el presidente de las bancas de apuestas deportivas Merengue Sport y diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Cursa su segundo período como legislador.

Frixo Messina Arvelo, otro de los que testificó en este caso, dijo que Fernando Crisóstomo estuvo al frente del proyecto hasta julio de 2018. “Hubo una especie de España Boba y ahí las cosas las veía con Mimilo Jiménez y José Arturo cuando era necesario… un tiempo después que no puedo precisar en este momento, es que entro en conversación con Goris que me lo habían presentado Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, me dijeron que iba a estar en la estructura y que él iba a dar las instrucciones. Goris sustituyó a Fernando Crisostomo…”. Messina estuvo acompañado por su abogado José Miguel de Herrera.

José Pablo Ortiz, otro interrogado y perteneciente a la red, indicó que el trabajo de las bancas comenzó en marzo-abril 2017, que se le entregó un listado provisional de manos de Fernando Crisóstomo y desde ahí se comenzó a hacer el levantamiento de todas las bancas de lotería en el país. El delator estuvo acompañado del jurista Manuel Fermín Cabral.

La estructura del caso Calamar está dividida en tres: una que supuestamente se encargaba de las expropiaciones de terrenos, otra para el financiamiento irregular de campañas electorales y la de cobro a las bancas de lotería.

Por el caso hay encartadas 20 personas que comparecieron ayer ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medida de coerción en su contra. El caso fue aplazado para este miércoles.

Los principales acusados son Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda; José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del PLD en el 2020 y ex ministro de Obras Públicas.