Yeni Berenice sobre operación Calamar: "Se trata de un caso de desfalco al Estado sin precedentes"
Imputados en la operación Calamar. Jorge Martínez / LD
La Procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, calificó el caso de operación Calamar cómo un "desfalco al Estado sin precedentes" en el país.
"No hay forma en que no sea declarado complejo, este proceso, está red tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país; además es el caso de más complejidad por cómo funcionaba, de cómo desde el Estado distintos funcionarios se coaccionaron para distraer fondos del Estado", expresó Berenice, al conversar con la prensa.
La magistrada señaló que las autoridades han sometido una "imputación preliminar sólida", con pruebas "suficientes" contra los 20 implicados en el caso de operación Calamar.
"Este es un proceso en que el Ministerio Público ha estado, por varios meses, haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigaciones para red de criminalidad organizada, ya que esta red constituye una que es muy poco común en lo que te es esta región", argumentó Berenice.
La directora de persecución habló con la prensa luego de que fuera aplazada la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados del caso Calamar, encabezados por los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
La audiencia se conocerá este domingo a las 9:00 a. m.
La jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó la decisión para que los abogados de los imputados lean el expediente y preparen su defensa.
El caso
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de los allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Dodnal Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la noche del lunes, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados, donde se solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
La coordinadora de la Pepca, Mirna Ortiz detalló que el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.