Solicitud de medida de coerción contra los implicados en operación Calamar contiene más de tres mil páginas
Expresó que este entramado sustrajo más de 17 mil millones de pesos del Estado Dominicano
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Foto; Víctor Ramírez.
Alrededor de las 10:25 de la noche de este lunes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó ante la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra los 20 implicados en la operación Calamar
La procuradora de corte, Mirna Ortiz, encabezó el grupo de fiscales que depositaron el expediente.
A su salida del Palacio de Justicia, indicó que en esta investigación el Ministerio Público ha asumido altos estándares internacionales.
Aseguró además que la solicitud, que contienen más de tres mil páginas, posee 1,200 elementos de pruebas documentales.
Expresó que este entramado sustrajo más de 17 mil millones de pesos del Estado Dominicano.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La noche del sábado, el Ministerio Público realizó al menos 40 allanamientos, en el marco de esta investigación. Por este caso están detenidos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; Julián Omar Fernández y Ángel Lockward.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Todos están acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público establece que este entramado distrajo más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.