Milagros Ortiz advierte tienen que respetar la ley
Emplazados. La DIGEIG dio un plazo hasta el 30 de junio para que se pongan al día o se les supenderán fondos.
En enero pasado, el presidente Luis Abinader recibió de manos de Milagros Ortiz Bosch, los diez compromisos del V Plan de Acción para el gobierno abierto. archivo
En las recientes evaluaciones sobre transparencia que realizó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a las entidades del Estado, se determinó que un total de 21 instituciones no dan cumplimiento a las informaciones mínimas de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que Ética Gubernamental.
En el informe se detalla que de acuerdo con las informaciones del sistema de monitoreo de portales de transparencia, que incluye hospitales entre otras entidades descentralizadas y autónomas, estas 21 entidades tienen un porcentaje por debajo de los 70 puntos, siendo un 85 por ciento la cantidad mínima para ser consideradas eficientes.
La lista de estas instituciones la encabeza el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de la Uva, la Junta Central Electoral, la Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología, y la Comisión Permanente de Efemérides Patria con una puntuación por debajo de un 14 por ciento.
Luego les siguen, con una valoración por debajo de 56 por ciento, los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario con una puntuación en transparencia de un 56.66 por ciento; el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello con 55.26 por ciento; el Consejo Nacional de Fronteras con 50.78 por ciento; la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) con un 49.05 por ciento; la Oficina Nacional de Derecho de Autor con 48.44 por ciento y el Senado de la República con un 44.92 por ciento.
En las casillas caracterizadas por color rojo también figura la Procuraduría General de la República con un 69.59 por ciento de valoración; Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con un 69.47 por ciento y el Ministerio de Agricultura con un 69.25 por ciento.
Banco Agrícola
También está el Banco Agrícola de la República Dominicana con un 67.55 por ciento, la Superintendencia de Bancos con un 67.45 por ciento; el Hospital Regional Doctor Marcelino Vélez Santana 66.81 por ciento; la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel con un 66.79 por ciento; el Consejo Nacional de Población y Familia con un 65.76 y la Comisión Hípica Nacional con un 62.19 por ciento.
Otras 13 entidades que tienen una valoración desde 73 hasta 79 por ciento son: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), Seguro Nacional de Salud (SENASA), Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).
Además de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, el Ministerio de la Presidencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) y el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch.
También el Hospital Docente Senma Santo Domingo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.
Luego de las evaluaciones realizadas la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, indicó que el cumplimiento de la Ley “no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente”. Y destacó en un documento que la DIGEIG solicitará el 30 de junio de este año la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información.
Milagros Ortiz
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige Milagros Ortiz Bosch, indicó que el cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública “no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente”.
Indica que el 30 de junio de este año suspenderán los recursos provenientes del presupuesto a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información.