Recusan jueza en caso de militares y civiles acusados de tráfico de haitianos en la frontera
La investigación lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, donde el Ministerio Público ha identificado 15 imputados, de los cuales 11 se encuentran arrestados
Foto de archivo de la frontera con Dajabón.
Queda sin fecha el conocimiento de la medida de coerción contra 11 imputados en la Operación Frontera, vinculados al tráfico y trata de nacionales haitianos en Montecristi, tras la recusación presentada por los representantes legales de los imputados.
Gonzalo Placencio, quien representa a uno de los imputados, explicó que parte de los abogados de la defensa recusaron a la jueza “por haber intervenido en dictar las órdenes de arresto y de allanamiento, así como las intervenciones telefónicas”.
De igual manera, Wendis Almonte, estableció que la jueza Javiera Antonia Gómez tiene bastante conocimiento del caso de investigación y, por lo tanto, está “contaminada” para conocer la presente medida de coerción.
Agregó que la recusación pasará a la Corte de Apelación donde será evaluada y allí se decidirá sobre la misma, donde será fijada la fecha para esta próxima audiencia.
Al momento de la medida de coerción pospuesta, en las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi se encontraban una multitud de comunitarios y familiares de los imputados a los que no se les permitía la entrada.
Había una extrema seguridad en cada uno de sus planteles, que desde la entrada se aseguraban de que allí solo hicieran presencia personalidades de lugar y miembros de la prensa.
Caso Frontera
La investigación lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, donde el Ministerio Público ha identificado 15 imputados, de los cuales 11 se encuentran arrestados, entre ellos cinco militares y nueve civiles, a quienes se les imputa por trata y tráfico ilícito de personas, en este caso, de nacionales haitianos indocumentados.
El órgano acusador está solicitando prisión preventiva contra 11 de los procesados en este caso, una red organizada desarticulada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) en conjunto con la fiscalía de esta demarcación.