Operación Frontera: Abogados solicitan tiempo adicional para defender a sus representados
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El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra 11 imputados en la Operación Frontera, vinculados al tráfico y trata de nacionales haitianos en Montecristi, acogiendo la petición de tiempo adicional por parte de la defensoría de varios de los acusados.
La licenciada Wendis Almonte, abogada de 6 de los imputados, explicó que fue pospuesta debido a otros abogados representantes de 2 procesados, no se ha notificado el expediente.
Indica que por esta razón los abogados necesitan el documento y el tiempo para preparar sus medios de defensa.
El conocimiento de la coerción fue aplazado para el próximo viernes 3 de marzo, a las 10:00 de la mañana en el palacio de Justicia de Montecristi.
A los 11 individuos se les imputa por trata y tráfico ilícito de personas, en este caso, de nacionales haitianos indocumentados.
De acuerdo al licenciado Manuel, los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público son conversaciones telefónicas, sumas bajas de dinero, celulares y vídeos, por lo que, ambos licenciadnos aseguran, tienen a las personas erróneas detenidas.
Asimismo, Almonte establece que en el expediente solo 6 personas de nacionalidad haitiana son mencionadas como las víctimas de trata, 4 encontradas en una vivienda y 2 en otra.
Agrega que en una investigación de esta magnitud, se debería estar hablando de sumas cuantiosas de dinero, apartamentos en torres, vehículos de alta gama, y al menos 500 indocumentados traficados.
Durante la audiencia, familiares y comunitarios se presentaron en las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi, donde protestaron por la libertad de los imputados, estableciendo que se está cometiendo una injusticia.
Los detenidos se dedican, de acuerdo a los abogados, a motoconchar, vender en colmados, plomería, y una estudiante universitaria, quien es la menor de los imputados.
Denuncian además, que durante la realización de los allanamientos, el Ministerio Público violentó derechos fundamentales de los civiles y ciudadanos involucrados.
El órgano acusador, está solicitando prisión preventiva contra 11 los procesados en este caso, una red organizada desarticulada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) en conjunto con la Fiscalía de esta demarcación.
La investigación lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, donde el Ministerio Público ha identificado hasta la fecha 15 imputados, de los cuales 11 se encuentran arrestados, entre ellos 5 Militares y 9 civiles.