Senador retirará propuesta sobre protección a las mujeres ilegales
Derecho. “No se establece en la Constitución una distinción entre legales e ilegales”, enfatizó.
El senador por San Juan decidió retirar su proyecto porque causa confusión. Foto de archivo / LD
El senador Félix Bautista retirará hoy las disposiciones del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que protege a mujeres extranjeras ilegales.
La decisión del legislador está motivada en la confusión que ha generado ese tema, que ha recibido el rechazo de diversos sectores.
“Soy un defensor de la Constitución y del respeto a nuestra soberanía. El Estado dominicano, por mandato de la Constitución y la ley tiene derecho a deportar a cualquier extranjero que se encuentre en territorio Nacional en condición irregular, sin importar su nacionalidad”, precisó el senador Bautista.
Expuso que el derecho a acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva corresponde a toda persona, sin distinción de su condición migratoria.
Pero acotó que esa garantía constitucional no debe entenderse como una herramienta para promover una ilegalidad.
Puntualizó que el proyecto de su autoría establece que la Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de atención frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dure el proceso.
“La Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran de la atención integral frente a actos de violencia en su contra por su condición de género, mientras dura el proceso”, establece el artículo 36 de la propuesta legislativa del senador por San Juan.
El legislador argumentó que eso es en virtud del artículo 69 de la Constitución, sobre la tutela judicial efectiva, que se refiera a que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva.
“No se establece en la Constitución una distinción entre legales e ilegales”, enfatizó.
Bautista recordó su propuesta legislativa fue presentada en el 2014 y sostuvo que es diferente a la del Ejecutivo.
La pieza de Bautista fue reintroducida el 19 de enero de 2023.
Proyecto del Ejecutivo
Empero, el Poder Ejecutivo también apoderó al Senado de otro proyecto de ley que contiene similares garantías para las víctimas de violencia de género en situación de ilegalidad y prohíbe su deportación, al igual que de sus parientes.
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla, en su artículo 77, las garantías procesales para las víctimas de violencia de género.
Dispone en la letra D del artículo 77, “que las mujeres extranjeras y migrantes y sus familiares a cargo no sean deportadas (os) como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular”.
Como se observa, esta propuesta no solo prohíbe la deportación de las víctimas, sino también de familiares.
También contiene responsabilidades para los medios de comunicación, que de acuerdo con el artículo 55, tendrán la obligación de proteger la integridad e intimidad de las víctimas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas y sus familiares a la hora de divulgar cualquier tipo de información.
Además, asigna a los medios de comunicación la responsabilidad de proteger los datos personales e informaciones privadas de las víctimas de violencia y sus familiares, que pudieran colocarla en situación de riesgo, y prevenir “la violencia simbólica”.
Retiro del proyecto
Recientemente, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto sobre trata y tráfico Ilícito de migrantes que había sometido, a fin de lograr el consenso público necesario, luego de que fuera cuestionado.
CLAVES
Parte del proyecto.
En ese proyecto se contempló gestionar la permanencia regular de las víctimas de trata y explotación sexual en el país “debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
Algo más.
En la pieza, también se obligaba a que toda persona jurídica o entidad pagará una contribución especial “obligatoria” en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las víctimas.
La presión.
El rechazo colectivo obligó al Poder Ejecutivo a retirar la pieza del Congreso Nacional.