En Jericó piden justicia por abusos en desalojo

“El presidente que venga y tome cartas en el asunto para que las cosas después no lleguen a mayores, porque todavía él está a tiempo de resolver”.

Esto lo suplicó ayer Glennys Almánzar, una de las residentes afectadas en la comunidad Jericó por varios incidentes, uno de estos por un desalojo y otro en el que estarían envueltos delincuentes.

“Que no espere que vengan y maten a una persona. Ahora él puede pararlo. Después de que haya un muerto a él se le va a hacer difícil tomar las riendas de esto”, advirtió la mujer.

Almánzar cuenta que vivió una mañana de terror junto a sus hijos, cuando presuntos delincuentes vestidos de uniforme de la Policía Nacional (PN) penetraron a su hogar con actitud violenta.

Esta madre también narró que sus hijos fueron ayer a la escuela, luego de permanecer una semana sin asistir.

“El niño ya me ha llamado cuatro veces, con temor de que algo me pase”, dijo.

Era lunes 23 de enero y en una mañana frecuente y rutinaria, distintas familias del barrio Jericó, en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, se preparaban para salir a trabajar y dejar a sus niños en la escuela, como de costumbre.

Sin embargo, al filo de las 6:30 de la mañana fueron sorprendidos por un grupo de vándalos que, sin mediar palabras y usando tres palas mecánicas, derrumbaron más de 70 hogares, aún en construcción, y habrían despojado de sus pertenencias a decenas de familias.

Los actuantes portaban armas de fuego, machetes y cuchillos, según testimonios de moradores, quienes también señalaron que fueron víctimas de maltrato y robo.

Ocho días después, decenas de residentes, con el apoyo de Diógenes Ozuna, presidente del Comité de Derechos Humanos del municipio Santo Domingo Este; Manuel Sabala Mateo, presidente de la Junta de Vecinos de ese barrio, y Eligia Rojas, representante legal, realizaron una rueda de prensa en forma de protesta.

Durante la jornada, le formularon un llamamiento al presidente Abinader para que tome medidas y levante una investigación sobre este caso.

“El Comité Dominicano de Derechos Humanos pide al presidente Luis Abinader ordenar una investigación de más de 75 casas que fueron desalojadas de una manera abusiva por el fiscal Héctor Romero, de una manera ilegal”, dijeron representantes de la entidad.

Esos terrenos en cuestión, asegura Diógenes Ozuna, “están en una litigación judicial”.

Según Ozuna, la banda denominada “Los Buitres” fue la responsable de los derrumbes y de robar hasta los cables del tendido eléctrico de la comunidad.

“No es posible que el Ministerio Público y un sector corrupto de la policía fueran acompañados de la banda Los Buitres, bien reconocidos en Villa Liberación, Boca Chica y San Cristóbal”.