El debate sobre la nueva ley de Régimen Electoral
Recientemente el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 15-19.
Debido a que la legislatura que empezó el 16 de agosto del año pasado culminaba a principios de este mes de enero, desde el Poder Ejecutivo se interpretó que el referido proyecto legislativo había perimido en la Cámara de Diputados.
Por consiguiente, apoyándose en esos motivos, fue que procedió, mediante decreto, a extender la legislatura hasta el 15 de febrero.
En el marco de esa extensión a la legislatura es que actualmente se encuentra el proyecto de ley que procura introducir reformas al régimen electoral en la República Dominicana.
Durante esta semana el debate legislativo continuará en la cámara alta; y de lo que se trata es de alcanzar el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas representadas en ese hemiciclo, para que sea aprobado en segunda lectura y luego tramitado a la Cámara de Diputados, para ser convertida en ley, como indica nuestra Constitución.
Esa reforma legal a la manera en que deben organizarse y conducirse los procesos electorales, ha sido una iniciativa de la Junta Central Electoral (JCE).
La inquietud surgió de la necesidad de adecuar la legislación prevaleciente, debido a que como consecuencia de varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal Superior Administrativo (TSA), y del Tribunal Superior Electoral (TSE), varios artículos y sus numerales fueron anulados debido a su carácter inconstitucional.
A pesar de la estabilidad que durante 22 años se mantuvo con la ley 275-97 sobre régimen electoral, se consideró la necesidad de crear una nueva legislación que regulase a los partidos políticos y al régimen electoral.
Pero, la nueva normativa no estuvo a la altura de las expectativas esperadas. Esto así, debido a que intereses particulares fueron colocados por encima de la necesidad de fortalecer la democracia y el Estado de derecho en favor del pueblo dominicano.
De esa manera, el sistema legal creado para regir nuestros procesos electorales nació viciado. Surgió a la vida jurídica con defectos de tal magnitud que no podía garantizar la confianza, transparencia e integridad que requiere un sistema electoral.
En búsqueda del consenso
Al preparar su proyecto de reforma a la Ley Electoral Núm 15-19, la Junta Central Electoral (JCE) convocó a una audiencia a las organizaciones políticas, con la finalidad de dar a conocer su contenido.
Los partidos políticos, tomando en consideración que el Poder Ejecutivo había hecho un llamado a la celebración de un diálogo nacional, en el marco del Consejo Económico y Social (CES), solicitaron la creación de una mesa de debates sobre ese particular.
Así sucedió. Se procuraba construir consensos que permitieran disponer de una nueva herramienta legal, esta vez más en consonancia con nuestra Carta Sustantiva y más en armonía con garantizar el ejercicio responsable y eficaz del sufragio universal.
Como resultado del diálogo del CES, hubo 43 consensos y 46 disensiones con respecto al proyecto elaborado por el órgano electoral; y a pesar de todo el esfuerzo realizado entre los representantes de los partidos políticos, ese proyecto consensuado no fue introducido en el Congreso Nacional.
Eso fue lamentable. Al no ocurrir así, lo consensuado en el diálogo solo ha servido como insumo, suministrado por el CES, para el debate que se lleva a cabo en el ámbito del Poder Legislativo.
Como consecuencia de todo eso, el trabajo para la reforma electoral ha enfrentado desafíos de coordinación. Los diputados y senadores han estado efectuando modificaciones divergentes en dos comisiones que han trabajado de forma simultánea, pero sin la sinergia que debe existir entre ambas cámaras.
Afortunadamente, en estos días ha habido un cierto avance con respecto a esa situación. Se ha aprobado en primera lectura, como hemos dicho, el nuevo proyecto de ley de régimen electoral; y se han convocado reuniones de las comisiones de ambas cámaras.
Transfuguismo y voto electrónico
En la nueva propuesta de ley de reforma electoral, hay dos temas esenciales que todavía no han logrado ser consensuados. Se trata del transfuguismo y el voto electrónico, los cuales no han sido presentados por la Junta Central Electoral ni por el consenso de las organizaciones políticas a través del diálogo del CES. Ha sido, más bien, a través de una de las fuerzas con representación congresual.
En la actualidad, el transfuguismo está plasmado en el artículo 134 de la ley electoral vigente (Núm.15-19), que sostiene que las personas que han sido nominadas por un partido no podrán abandonar esa organización para ser postuladas por otra.
Esa disposición legal fue declarada inconstitucional en la sentencia TSE-100-2019, por el Tribunal Superior Electoral. Se debió a que esas normas imponían requisitos no exigidos en la Constitución de la República para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular.
Los que no se sienten plenamente satisfechos con la actual regulación del transfuguismo, aspiran a algo más: a que esta sea extendida aquellos candidatos o aspirantes que, no habiendo sido nominados, abandonan las filas de su organización para ser postulados por otra.
En lo relacionado al voto electrónico, el cual se encuentra estipulado en el artículo 99 de la actual ley electoral 15-19, el Tribunal Constitucional lo declaró nulo en su sentencia TC/0484/22.
Como se podrá comprender, en el nuevo proyecto de ley, lo que se ha consensuado no es el voto electrónico sino, únicamente, el escrutinio. Este se encuentra sometido al consenso con los partidos políticos; al de una rigurosa auditoría efectuada por una entidad de prestigio internacional, especializada en material electoral; a que dicho escrutinio se haga de manera progresiva; y a que su proceso de implementación se produzca en un plazo no menor de un año previo a las elecciones.
En ese escenario nos encontramos al reanudarse esta semana el debate de nuestras cámaras legislativas sobre el proyecto de régimen electoral.
Confiamos en que en base al diálogo constructivo se logre un consenso que contribuya a fortalecer nuestra institucionalidad democrática y la estabilidad política del país.
¡Que así sea!.
