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La República martes, 24 de enero de 2023

Enfoque

El cochero en una dirección y los bueyes por otra

  • El cochero en una dirección y los bueyes por otra
  • El cochero en una dirección y los bueyes por otra
Carlos R. Altuna Tezanos
Santo Domingo, RD

El pasado 17 de enero, este prestigioso diario publicó una noticia titulada “Gobernación y el Ejército entregan carnets a productores para mano de obra extranjera en Dajabón”, que quizás para muchos pasó desapercibida. En mi caso particular, más que sorprendido, me resistía a creer su contenido, que en síntesis resaltaba que la gobernadora de la provincia de Dajabón en coordinación con el Ejército de República Dominicana había entregado 170 carnets a 70 productores agrícolas, para ser utilizados por los obreros haitianos que laboran en sus predios agrícolas.

En la citada publicación, la gobernadora provincial, Rosalba Milagros Peña, explicó que el documento fue “confeccionado con el aporte de los parceleros” para ser utilizado únicamente por los ciudadanos haitianos que vienen a cultivar la tierra de los productores agrícolas ubicados en la frontera, y que al final de la jornada retornarían a su país.

También señalaba que esta identificación o permiso, solo sería válido de manera estricta a nivel del municipio de Dajabón, y que los empleadores serían los responsables juntamente con las autoridades de que eso se cumpla, y si alguno de los carnetizados era sorprendido fuera de la jurisdicción con ese documento tendría consecuencias drásticas.

Además, durante el acto de entrega manifestó que esa iniciativa era para facilitar la “producción de alimentos y garantizar el desarrollo agrícola de la zona”, y dejó a entender que esta decisión disponía del apoyo de la Dirección General de Migración, del Ejército de República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

De esta acción se podría deducir, que nuestra Constitución y la Ley de Migración 285-04 tienen una interpretación y aplicación especial, que concede a la representante presidencial en la provincia fronteriza, la autoridad y libertad de asumir prerrogativas de emprender un nuevo “proceso de regularización” de indocumentados haitianos válido sólo para su demarcación, como si volviésemos a los nefastos cacicazgos provincianos de épocas pasadas, ya superadas.

Como diosidencia, la señora gobernadora olvidó el inusitado escándalo del mes de enero del 2020, ocasionado por el otrora director general de Migración, Enrique García, cuando informó sobre la entrega de los primeros carnets de “Habitantes Fronterizos”, tomando como proyecto piloto la provincia de Pedernales, figura contemplada en la ley de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11, para los extranjeros residentes en el área limítrofe con Haití.

Como sabemos, esta medida fue de inmediato rechazada tajantemente por todos los sectores que inciden en el quehacer nacional, y que el gobierno ante las presiones sociales y políticas, dejó sin efecto.

Sin embargo, observamos que la historia vuelve a repetirse, tal vez a manera de ensayo, pero con la salvedad de que a diferencia de la fracasada tentativa de la pasada gestión de la dirección general de Migración, en esta coyuntura, los carnets-permisos fueron avalados por personas sin calidad jurisprudencial, abrogándose funciones que no son de su competencia, y es la propia autoridad de migración que rechaza las medidas para “dotar de carnets” a ciudadanos haitianos, por ser ilegal y no tener validez jurídica.

Gracias a Dios, el 18 de enero, un día después de tal aberración, el director general de Migración, Venancio Alcántara, desautorizó a cualquier funcionario, institución o persona que esté realizando este tipo de acciones de manera inconsulta de entregar carnets para los productores agrícolas de la provincia fronteriza, a fin de facilitar a los haitianos realizar dichas labores en sus fincas y parcelas, porque las políticas migratorias que está implementando el gobierno se ejecutan de manera transparente, objetiva y en el marco del respeto a la ley y las normas.

Esto me trae a la memoria el episodio acontecido el 6 de enero de 2009, cuando el padre Regino Martínez ocupó la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón junto a 600 inmigrantes haitianos, quienes supuestamente trabajaban en diversas labores productivas del Noroeste, en reclamo de que las autoridades dominicanas les permitieran permanecer en el país.

En aquella ocasión, el padre Regino manifestó que los braceros haitianos visitaron su país en el mes de diciembre del 2008 para reencontrarse con sus familiares, y aprovecharon el día del mercado binacional para entrar al país, afirmando, que los que se mantenían junto a él ocupando la iglesia tenían carnet de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Migrantes Haitianos del Noroeste. ¡Otra diosidencia!

Pero más sorprendente nos resulta, que la misma gobernadora que encabezó el acto de entrega de los carnets a los propietarios de fincas para que estos, a su vez, los entregara a los haitianos que laboran en sus predios agrícolas, horas después del mismo día, el director general de Migración “desautorizaba” a cualquier institución, funcionario o entidad la práctica de otorgar permisos migratorios.

Situación que obligó a la gobernadora a convocar inmediatamente una rueda de prensa, que previo a su inicio, dijo que no respondería preguntas de los periodistas, limitándose a leer un documento donde declaraba que “carecen de validez migratoria cualquier tipo de documento, carnet, permiso o carta que no esté sujeta al ordenamiento jurídico contenido dentro de las leyes que rigen el marco de regularización migratoria de la República”. Ahí mismo sostuvo que ofrecía esa información para aclarar a cualquier persona que haya interpretado otra cosa, y que todo aquello quedaba desautorizado.

Lo que no acabo de entender es por qué la gobernadora se prestó a presidir la entrega de los carnets para los haitianos que laboran en los predios agrícolas de su demarcación, sabiendo que los costos de los mismos fueron solventados por la Asociación de Hacendados Agrícolas de la región, cuya presencia y la de otras autoridades, implícitamente estampaban una legitimidad al documento en cuestión, para horas después admitir que carecían de validez. ¡Cosas veredes!

Así lo advierte el magnífico editorial del Listín Diario del pasado 19 de enero, decano de la libertad de expresión, que con el permiso del autor me permito resaltar algunos párrafos de su contundente contenido:

“…Lo que parecía una solución salomónica para que productores agrícolas cuenten con trabajadores para hacer florecer la agropecuaria, se convirtió, de hecho, en una flagrante violación de ley por parte de la misma autoridad. …Si la Gobernación de Dajabón se atrevió a otorgar carnés para entrar y salir del país, ¿qué les impediría hacerlo a las de Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y Pedernales? …Lo que hizo la Gobernación de Dajabón fue una improvisación dañina, en la frontera, contra la soberanía nacional y nadie con sano juicio puede permitir ese tipo de acción. …En la frontera comienza la Patria, la soberanía, la dominicanidad y allí, ni gobernadores ni soldados, pueden ensuciar las leyes y mucho menos, la Constitución”.

Y como colofón, dejo una reflexión que escribí en el artículo “Testimonio de solidaridad, no de odio ni xenofobia” tras el desafortunado Tweet de un funcionario del gobierno después de la marcha patriótica convocada por el Instituto Duartiano, cito: Un funcionario debe poseer tacto, afinidad, pero sobre todo una relación lógica con las políticas trazadas por su presidente, ya que sus acciones o declaraciones comprometen una cualidad vital para el buen desenvolvimiento, que es la “coherencia”, para que no se produzcan contradicciones ni oposición entre ellas”. Es lo que ha sucedido en esta y otras ocasiones, por lo que es sumamente importante que el cochero apriete las bridas –riendas– para que los bueyes caminen en la misma dirección.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta fuerzadelta3@gmail.com