Piden enviar a juicio a implicados en Antipulpo, exceptuando a quienes llegaron a un acuerdo con la Pepca
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Antipulpo, excepto con lo que el Ministerio Público llegó a un acuerdo.
El procurador adjunto Wilson Camacho pidió al juez Deybi Timoteo Peguero, del Tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del ministerio público y enviar a juicio a todos los acusados excepto a los que el ministerio público llegó a un acuerdo con ellos”, acotó Camacho al concluir la contrarréplica de la defensa.
Igualmente, pidió rechazar todos y cada uno de los incidentes planteados por la defensa de los encartados por los mismos, no ser conforme a la realidad de la acusación y en consecuencia carecer estos incidentes de fundamentos y estar apartado del derecho.
Al pedimento del Ministerio Público, se sumaron los abogados de la empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), encabezado por Miguel Valerio, quien se querelló en contra de los encartados por presuntos actos de corrupción.
El juez Peguero receso la audiencia para mañana viernes, disponiendo que el imputado Fernando Rosa, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia de Santiago, duerma esta noche en un hotel de esta capital, bajo vigilancia, para poner iniciar la audiencia a las 10 de la mañana.
Los acuerdos fueron llevados a cabo con Francisco Pagán, exdirector de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Juan Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
En el caso del ex director de la OISOE, el ministerio público pidió al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, condenarlo a cinco años de prisión, con dos suspendidos.
Mientras que en el caso de Suriel Suazo, solicitó que sea sentenciado a cinco años de prisión, dos de prisión y tres suspendidos, en tanto que Ariel Castillo a dos años de prisión suspendida, como parte del juicio penal abreviado en la etapa preliminar del sonado caso y Santiago Muñoz, se declaró la extinción de la acción penal.
Camacho pidió enviar a juicio a Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Igualmente a los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo y Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny.
Además, a las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.
Los fiscales afirman que los detenidos “aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno".
La acusación fija los hechos de un amplio entramado de corrupción que gerenció Juan Alexis Medina Sánchez, quien supuestamente se apoyó en su hermano, en el momento presidente de la República, Danilo Medina, y en el escudo del poder irradiado desde sus dos gestiones de gobierno.