Ministerio Público dice defensa de Alexis Medina sigue sin poder justificar acciones de su cliente
El Ministerio Público sostuvo este viernes que Juan Alexis Medina Sánchez, imputado por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo, estableció contratos millonarios con el Estado en condiciones privilegiadas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la defensa de Alexis Medina sigue sin poder justificar las acciones sustentadas en la acusación del Ministerio Público.
“En el día de hoy ha quedado más que evidenciado que la defensa de Alexis Medina no tiene argumentos válidos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público, tanto así que todas las proposiciones o argumentos presentados confirman nuestro escrito de acusación de que Alexis contrató con el Estado, que tiene un pool de empresas en las cuales él no figuraba, que esas contrataciones con el Estado realmente existieron y que fueron pagadas esas contrataciones”, dijo Ortiz.
Reiteró que Alexis Medina Sánchez contrató en condiciones privilegiadas por ser hermano del expresidente Danilo Medina.
Ortiz reafirmó que el delito de la asociación de malhechores se configura en la acusación.
“Aquellas personas que no son funcionarios, pueden o no pueden asociarse con funcionarios públicos en la comisión de estos delitos, pero tal y como dijo el juez eso lo vamos a ver en la audiencia del próximo martes”.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continuará conociendo el expediente del Caso Antipulpo en fase preliminar el próximo martes 10 de enero, a partir de las 11:00 de la mañana.
La audiencia se celebra en la sala del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción por razones de espacio.
El Ministerio Público estuvo representado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, Mirna Ortiz, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos y Yoneivy González.
La acusación presentada por el Ministerio Público consta de unas 3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.