2022: El año de las reformas para el territorio

Al llegar a este último tramo del año y reflexionar sobre los resultados alcanzados durante los últimos doce meses, no queda duda en que el 2022 es el año de las reformas estructurales necesarias para impactar el territorio; un hito que permite a la presente generación ser testigo de la promulgación de dos leyes, como resultado del trabajo colaborativo entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las agencias de cooperación internacional, la academia y las sugerencias de otros gobiernos.

A mediados de año, fue promulgada la primera Ley de Regiones Únicas de Planificación del país (Ley 345-22), dejando atrás una estela de Decretos que no habían podido establecer regiones comunes para todo el Estado y que por el contrario solo había contribuido a la desorganización administrativa que impedía la coordinación necesaria entre las distintas instancias de alcance nacional.

Con esta norma el país establece diez regiones únicas en cumplimiento con el Art. 32 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el mandato constitucional que sitúa la región como la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional (Art. 196), lo cual permitirá formular los Planes Regionales, establecidos en la Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación y que nunca se han realizado en el país. Un instrumento necesario para aprovechar el potencial complementario de las provincias, generando la sinergia que fomentará el desarrollo endógeno de cada región y la no dependencia de los principales centros metropolitanos.

Cinco meses después, se promulgó la segunda reforma estructural de importancia y trascendencia para el territorio; la esperada Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22), luego de un proceso interesantísimo de análisis y debates que permitió afinar durante los últimos diez años un marco legal que pasa de las buenas intenciones consagradas en el resto del compendio normativo vigente en el país, a un marco legal que establece instrumentos, contenidos, procesos y sanciones aplicados a la práctica del ordenamiento territorial en la República Dominicana.

Con la promulgación de esta norma se presenta la gran oportunidad de que el país impulse un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la vocación del territorio, lo cual permitirá consolidar los asentamientos humanos, localizar los proyectos estratégicos, controlar las zonas vulnerables, separar las actividades incompatibles y hacer un mejor uso del recurso suelo. De igual manera articula la permisología sectorial y las autorizaciones de uso del suelo, lo cual garantiza el respeto a la seguridad jurídica y el derecho de propiedad establecido por la Constitución y las Leyes.

Durante la formulación quiero destacar en primer lugar la continuidad del Estado, que permitió afinar una base conceptual sólida y alcanzar los consensos necesarios y, en segundo lugar, resaltar la comprensión del tema y el liderazgo de las diversas fuerzas partidarias, claves para la aprobación en el congreso y su promulgación.

A partir de este momento la República Dominicana cuenta con un marco legal acorde a nuestra realidad, que contribuirá en consolidar el nuevo modelo de desarrollo que impactará directamente en la calidad de vida de la población, sin importar el lugar en donde resida.