Defensa pública reparte críticas a jueces y fiscales
Rodolfo Valentín Santos habló en un encuentro navideño con periodistas de la fuente judicial. externa/
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, reprochó a los jueces el miedo que tienen para aplicar la ley y cuestionó al ministerio público por armar escándalo cuando no tiene suficientes elementos probatorios para sustentar un caso.
Manifestó que un juez no debe tener miedo y debe aplicar la ley sobre cualquier tipo de capricho o discurso populista de los fiscales.
“Yo apoyo el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Henry Molina Peña, cuando dijo que un juez con miedo atenta con el estado de derecho”, acotó Valentín Santos, tras sostener un encuentro navideño con los periodistas que cubren la fuente judicial.
Critica a fiscales
Dijo que el ministerio público quiere abarcarlo todo y que por eso vienen la deficiencia en las investigaciones, la flojera y el descrédito.
“Usted no puede armar escándalo cuando no tiene suficientementes elementos para probar lo que usted está diciendo”, enfatizó Valentín Santos.
Expresó que la sociedad dominicana, con ansias, reclama, aspira y desea un real estado de derecho, que fomente una cultura de paz, de armonía social, que la justicia sea restaurativa, no represiva, no retributiva, no vengativa.
Sostuvo que en vez de pensar en construir más cárceles, se construya una educación en valores, hogares felices, que no tengan que salir a mendigar las necesidades básicas para poder vivir con dignidad.
Favoreció la creación del Ministerio de Justicia, que reforzaría las relaciones entre los poderes del Estado, y una mejor comprensión de las demandas de los órganos del sistema de justicia ante el Ejecutivo.
Manifestó que sin embargo, no se debe pensar en la dependencia de la defensa pública hacia dicho ministerio, ya que supondría un desequilibrio potencial para el sistema y una afectación del derecho a la defensa ya que el Estado persigue penalmente a un particular y por eso se requiere una institución autónoma, técnica, y especializada, capaz de hacer el contrapeso al Estado, sobre todo en casos en que se vean vulnerados los derechos fundamentales.