Gobierno

Estados Unidos pide al país que proteja a los emigrantes haitianos

Más sacrificio. Aun cuando en República Dominicana viven cientos de miles de haitianos, la mayoría de ellos ilegales, EE.UU los incluye entre otros grupos para protección, específicamente víctimas de la trata de personas.

Al centro, el presidente Luis Abinader junto a Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de EE.UU, previo a la jornada “Diálogo de Alto Nivel sobre Reformas Institucionales entre los Estados Unidos y la República Dominicana”.

Jhangeily DuránSanto Domingo, RD

El gobierno de los Estados Unidos pidió a la República Dominicana seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes, “protegiendo a los más vulnerables” de las comunidades, incluida la población haitiana.

“Esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”, dijo ayer la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, en Palacio Nacional, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Por igual, la representante de los Estados Unidos alentó al gobierno dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales, que facilitaría el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños.

“Los Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para actualizar esta ley, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y continuaremos haciéndolo”, indicó en sus palabras.

Los más vulnerables

El Gobierno dominicano debe continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectivos de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de nuestras comunidades. Esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”, dijo la subsecretaria.

La funcionaria de los Estados Unidos encabezó la delegación norteamericana en el “Diálogo de Alto Nivel sobre Reformas Institucionales entre los Estados Unidos y la República Dominicana”, celebrado por tercera ocasión con autoridades dominicanas en el Palacio Nacional.

Aprobar nuevas leyes

Por otra paete, el gobierno estadounidense pidió a la República Dominicana priorizar la aprobación de nuevas leyes de contrataciones públicas y de trata de personas.

Uzra Zeya dijo que Estados Unidos espera “utilizar el diálogo de hoy (ayer, jueves) para discutir formas de priorizar la aprobación de una nueva ley de contrataciones públicas”.

La funcionaria dijo que eso podía sonar como una tarea técnica pero que no se debía olvidar que la contratación pública representa alrededor del 10 al 15 por ciento del PIB en muchos países, y que el fraude en esta área generalmente representa algunos de los casos de corrupción más grandes del mundo, “incluidos casos recientes aquí mismo en la República Dominicana”.

Trata de personas

Por igual, se refirió a la necesaria actualización de una ley de trata de personas . “Quiero alentar al gobierno dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales, y que facilitará el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños”, indicó. Señaló, además, que los Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para actualizar esta ley, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que continuarán haciéndolo.

Uzra Zeya es una diplomática estadounidense que se ha desempeñado como Subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos en la Administración Biden desde el 14 de julio de 2021. Nació en Chapel Hill, Carolina del Norte. Es hija de inmigrantes originarios de Bihar, en India.

Un delito

El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que en realidad son productos o “ganancias” de delitos graves como tráfico ilícito de drogas, de personas, corrupción, secuestros y otros.

Este delito agravia a todos, a personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Con dinero ilícito se financian otros delitos, se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa.