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Diputado Gregorio Domínguez vuelve a su residencia tras ser absuelto del caso de desalojo ilegal

Domínguez fue acusado de desalojar de manera ilegal a la ciudadana italiana Nelly Capellán y destruirle su vivienda en la comunidad de Punta Rucia, en Puerto Plata.

Diputado Gregorio Domínguez. Foto de archivo / LD

Diputado Gregorio Domínguez. Foto de archivo / LD

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Redacción SantiagoSantiago, RD

Luego de que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declararan “no culpable” al diputado Gregorio Domínguez, mejor conocido como “Fausto”, este viernes fue recibido con “gran entusiasmo” por algunos compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), familiares y simpatizantes en la calle 20 del sector Gurabo, en la ciudad de Santiago, donde es oriundo.

Domínguez fue acusado de desalojar de manera ilegal a la ciudadana italiana Nelly Capellán y destruirle su vivienda en la comunidad de Punta Rucia, en Puerto Plata.

La sentencia, que será leída de manera íntegra el próximo 31 de octubre, sostiene que los argumentos de la parte acusadora son contradictorias.

En medio del recibimiento, Domínguez expresó que perdona a quienes han intentado “hacerle daño” y agradeció a quienes le han brindado apoyo.

“He estado dos años maltratado, pisoteado y humillado. Todo lo que tengo, cada peso que tengo es fruto del sacrificio mío y de mi esposa. Nunca he hecho daño a nadie”, agregó en su defensa.

Tras el veredicto, la denunciante dijo que no estaba de acuerdo con el resultado de la Suprema Corte de Justicia porque le quieren “echar la culpa” a los empleados del señor Domínguez.

“Hay que ver si ellos están dispuestos a soportar cinco años de cárcel por salvar a ese señor. Pido justicia y pretendo justicia", añadió la demandante.

El caso

El pasado 22 de marzo, la jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta, envió a juicio de fondo a Domínguez por presunta invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada.

En octubre del año pasado 2021, Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que había interpuesto Capellán, por violación de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.

La querella había sido interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.

Por medio de su abogado Amadeo Peralta, la señora Capellán alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, dice un comunicado de la Procuraduría.

Conforme a la instancia presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.

La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.

Defensa

El congresista había presentado documentos, pruebas y testimonios para tratar de demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado el Ministerio Público, y que, por el contrario, es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.

Domínguez presentó una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la propiedad.