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Rosalba Ramos y Milcíades Guzmán, dentro de los fiscales a evaluar para determinar un segundo periodo

El Ministerio Público evalúa a los titulares de distintas fiscalías, procuradurías regionales y procuradurías especializadas que cumplieron el período de cuatro años por el que fueron seleccionados para cubrir plazas en diferentes jurisdicciones del país.

La directora general de carrera del Ministerio Público, Thalía Goldberg, explicó los detalles del proceso durante un encuentro con los periodistas que cubren la fuente noticiosa, encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito.

“Estamos trabajando en forma permanente, siempre apegados a un espíritu de transparencia, para que este proceso sirva para fortalecer al Ministerio Público y seguir mejorando su servicio a toda la ciudadanía”, aseguró Goldberg.

También explicó que el sistema está planteado para abordar la evaluación de los titulares de esas dependencias al término de su primer período de cuatro años en la posición, de modo que el resultado les habilitaría o descalificaría para optar por un segundo período desempeñando una titularidad.

Explicó que para tales fines aplica el Manual para la Evaluación de Titulares de Fiscalías y Procuradurías Regionales y Especializadas que fue aprobado a unanimidad mediante la Séptima Resolución del CSMP, emitida en su Octava Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 17 de agosto.

El manual o instructivo se realizó con base en la propuesta elaborada por las direcciones generales de Carrera y de Persecución del Ministerio Público.

El proceso que se agota con un número específico de titulares es completamente independiente de las evaluaciones periódicas ordinarias que corresponden a todos los miembros del Ministerio Público durante su desempeño.

En el caso particular de los fiscales que ocupen una titularidad, la evaluación aplicada para optar a un segundo período será adicional a las evaluaciones ordinarias que sean establecidas para evaluar el desempeño.

El esquema propuesto para evaluar las titularidades con vencimiento en 2022 establece que en la primera fase serían evaluados los titulares cuyo primer período venció en septiembre de este año, con el objetivo de determinar si continuarán para un segundo período de cuatro años o si cesan en estas funciones.

La fase dos está dedicada a evaluar a los titulares interinos con la finalidad de reconocer su desempeño en estas funciones.

El proceso formal de evaluación se inició en septiembre de 2022 y está programado a finalizar en febrero de 2023.

Los fiscales titulares candidatos a evaluación en su primer período de gestión son Adolfo Augusto Féliz Pérez, de San Juan; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Aura Luz García Martínez, de La Vega; Edward Andrés Núñez, de Hermanas Mirabal; Erika Jennyfer Pujols Pujols, de Samaná; Fadulia Rosa, de San Cristóbal; Grimaldi Oviedo Merán, de Montecristi; Jorge Manuel Herrera Rondón, de El Seibo, y Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez.

También, Marggie Antonia Viloria Caraballo, de Las Matas de Farfán; Marleni Altagracia Guante Barona, de Hato Mayor; Milcíades Guzmán Leonardo, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte; Soni Adriano Rosario José, de Independencia; Sumaya Francisca Rodríguez, de Santiago Rodríguez; Yeisin Alcántara Ciprián, de Dajabón, y Yorelbin Dargilio Rivas Ferreras, de Espaillat.

De las procuradurías regionales serán evaluados en su primer período Ciriaco Miguel de la Rosa Jiménez, de San Juan; Jessica Ramírez, de La Vega; Santo Ysidro Fabián Beltré, de Puerto Plata; Wendy A. González Carpio, de Barahona, y Francisco Alfredo Berroa Hiciano, de Santo Domingo, mientras que José del Carmen Sepúlveda, del Distrito Nacional, será evaluado en su segundo período.

En los órganos especializados será evaluado el primer período de Francisco Contreras Núñez, de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Iván Vladimir Féliz Vargas, de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y Maura Martínez Paulino, de Control y Tráfico de Armas, así como el segundo período de Rafael Antonio Brito Peña, de Crímenes y Delitos contra la Salud.

En la actividad, celebrada en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), en Gascue, estuvo presente además el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).

Asimismo, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la secretaria general de la institución, Lilly Acevedo; el director técnico del Despacho de la Procuradora, Félix Tena de Sosa; la administradora general, Vilma Pérez; la directora legal, Frinette Padilla, y el contralor general de la institución, Amisael Félix.

Puntuación

La evaluación incluye, entre otras, auditorías a procesos penales y la realizada por la Contraloría del Ministerio Público, así como auditorías de fondos operativos de la Dirección General Administrativa y de los almacenes de evidencias e informes sobre supervisión a centros de privación libertad y de la Secretaría General.

Para la ratificación de una posición, el aspirante deberá acumular al menos 70 puntos para calificar a un segundo período de titularidad.

Para las procuradurías fiscales y las especializadas se tomarán en cuenta aspectos de “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “manejo y custodia de evidencias” (15 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (25 puntos).

Para las procuradurías regionales se tomarán en cuenta aspectos como “dirección y liderazgo” (25 puntos), “auditoría de procesos penales” (35 puntos), “gestión penitenciaria” (10 puntos), “servicios al ciudadano” (10 puntos) y “gestión de recursos financieros y materiales” (20 puntos).

La aplicación de los instrumentos de evaluación, recopilación y presentación de las estadísticas e informes está a cargo de una comisión integrada por representantes de la Dirección General de Persecución, la Dirección General de Carrera, Dirección General Administrativa, Contraloría del Ministerio Público y la Secretaría General del Ministerio Público.