Educación

Distribuidores de libros acudirán a la justicia contra el senador Antonio Taveras

El gremio acusó a Taveras de ser proveedor del Estado y beneficiarse con 500 millones de pesos del Gobierno en el que es senador.

Representantes de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos.

Redacción digitalSanto Domingo, RD

La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (Asedilird) reiteró este jueves que el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, es el artífice de una campaña de descrédito en contra de sus afiliados.

El colectivo dijo que ya han apoderado su caso ante el jurista Miguel Valerio y que procederán ante la justicia en contra del legislador.

El presidente de Asedilird, Julio Colón, expresó que sus miembros están dispuestos a defender su honra, alegando que “hay personajes oscuros que quieren erigirse como los paladines de la justicia y están muy alejados de lo que dicen ser, cuando en realidad, ni siquiera les importa la educación, sino sus bolsillos, y así lo demuestran sus negocios con el Estado”.

Sobre las cinco empresas dominicanas que participaron y ganaron el proceso de licitación que realizó el Ministerio de Educación para la adjudicación de los libros de texto de nivel secundario, Colón dijo que las mismas fueron beneficiadas en un proceso “transparente y en buena lid”.

En ese mismo orden, desmintió que existiera colusión, ya que, según manifestó, “las cinco casas editoriales dominicanas adjudicadas no compitieron en el mismo lote y, por lo que, nunca afectaron la participación de otros oferentes”.

Por otro lado, el editor Avelino Stanley, dijo que el gremio al que pertenece le ha hecho frente durante años al “cartel administrativo”, que, desde su criterio, ha dominado por muchos años el negocio de los libros.

“Este monopolio, que se ha mantenido, hay pruebas fehacientes en todas las licitaciones que se hicieron de que el senador estuvo licitando los últimos 20 años en el Ministerio de Educación con dos empresas de su propiedad, una a su nombre que es Impretur y la otra, Ediciones Edisa a nombre de su esposa y de su hija”, dijo Stanley.

Agregó que el senador no retiró su registro de proveedor del Estado hasta el 30 de abril del año pasado y que esa información puede ser corroborada en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

“¿Ustedes saben por qué lo hizo en esa fecha tan tarde? Porque antes cobró 500 millones de pesos en este Gobierno en el cual él es senador”, argumentó el editor.

Finalmente, expresó que Asedilird defenderá ante los tribunales sus adjudicaciones. “Ese es un derecho que hemos adquirido y no vamos a permitir que nadie, difamándonos, pueda echarnos a un lado porque ese monopolio hay que romperlo en el Ministerio de Educación”, puntualizó.