¿La corrupción como política de Estado?
El político e historiador inglés Lord Acton ha trascendido universalmente con la frase de que “El poder corrompe. Y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lo que estamos viendo en los procesos de persecución de la corrupción -Pulpo, Coral, Medusa, Caracol, OMSA, OISOE y Hacienda- evidencian la certeza de semejante aseveración.
Se pudiera colegir que la falta de mecanismos de control institucional pudo haber prohijado un determinado grado de corrupción estatal. Casos aislados como a veces se denominan; pero la magnitud de los hechos de que estamos siendo testigos en los expedientes dados a conocer, que involucran una gran cantidad de ex funcionarios y colaboradores del pasado régimen, sugieren una política deliberada de acumulación de capital vía una especie de “exacción revolucionaria” con fines clientelares de perpetuación en el poder. En la falsa creencia de que don caballero lo puede todo.
En efecto, si nos atenemos a las informaciones que han salido a la luz pública respecto al expediente Pulpo, vemos que las ramificaciones de la red mafiosa abarcaban la Policía Nacional (PN) con la venta irregular de RD$220 millones en combustible, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en un sinnúmero de contratos y licitaciones, el Ministerio de Salud Pública (MSP) con el suministro engañoso de medicamentos, la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) con la asignación irregular y sobrevaluaciones en el equipamiento de 56 hospitales por RD$43,000 millones, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) con sobrevaluaciones, contratos amañados, asignaciones fraudulentas y sobornos por montos superiores a los 5,000 millones, la Unidad de Electrificación Rural (UERs) con adjudicaciones fraudulentas de obras y sobornos, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) mediante el suministro engañoso e irregular de Cemento Asfáltico AC-30 por unos RD$3,500 millones.
Sin embargo, su alcance e implicaciones abarcan un abanico mucho más amplio que iba desde influyentes Despachos del propio Palacio Presidencial, “autorizando” exoneraciones de impuestos aduanales e ITBIs, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por cientos de millones, hasta el maquillaje de auditorías de un largo conjunto de instituciones y ministerios contenidas en la Operación denominada Caracol que involucra los pasados jueces de la Cámara de Cuentas, pasando por la alteración de cubicaciones en las que bailan el Ministro de Hacienda y el Contralor General de la República en el pago irregular durante la transición de RD$922 millones a la famosa Domedical Supply por parte de la OISOE, sin la evidencia de recepción de los equipos.
Y cuando uno creía que lo había visto todo, sale a la luz pública el entramado mafioso articulado desde el Ministerio de Hacienda, para el pago de expropiaciones que involucran a Contraloría, Bienes Nacionales, Catastro y el Banco de Reservas, entre otras instituciones, por un monto ascendente a unos 30,000 millones. Investigación que, aparentemente, no tiene que ver con los famosos 22,500 millones pagados irregularmente –sin pasar por Tesorería- al echarse las palomas.
En resumen, miles y miles de millones transados de manera irregular en todas y cada una de las instituciones concernidas salen a relucir en los datos presentados por el Ministerio Público. Salvo honrosas excepciones, no escapó prácticamente ninguna institución del Estado. Desde el Ministerio de Justicia –PGR- con el expediente Medusa que, aparte de las numerosas acciones dolosas señaladas, compartía la data e información de inteligencia con el crimen organizado, hasta instituciones de quinta categoría como SECTUR e INAIPI, involucradas en el expediente Coral de los militares, salen a bailar en este grotesco carnaval de peculado.
Ignorancia que no puede alegar esa cúpula gobernante, ya que uno de sus más conspicuos representantes llegó a la desfachatez de señalar que cuando había crecimiento económico las sociedades aceptaban hasta la corrupción: “Si la economía va bien hasta las denuncias de corrupción se pasan”. Craso error.
Sin embargo, ahora que se comenta de acuerdos y negociaciones extrajudiciales que pudieran afectar la tan demandada persecución de la corrupción emprendida por la Procuraduría General de la República, bajo la sabia dirección de la reputada magistrada doña Miriam Germán Brito, se pudiera señalar que, sin lugar a dudas, este es uno de los mayores logros de la administración del presidente Luis Abinader. Sería mezquino no reconocer tan atinada designación y las consecuencias que de ella han dimanado para darle independencia al Ministerio Público.
En tal sentido, no sería ocioso recordar a los actores políticos, especialmente a los acostumbrados a conciliábulos y tratativas tras bastidores, que este país es otro. Que la sociedad se mantiene vigilante e intransigente ante la conducta de los actores sociales. Lo que antes era pasado por alto, ahora recibe el fuego graneado de una sociedad empoderada que exige transparencia e integridad en la vida pública. Y, fundamentalmente, el fin de la impunidad como mecanismo ejemplificador en la administración del erario. Obviar esta realidad puede hacer que la sal salga mucho más cara que el chivo.