Ratifican prisión preventiva a 7 acusados en caso Coral
Parte de los acusados en el caso. glauco moquete/ld
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, confirmó la medida de coerción contra siete de los implicados en los casos Coral y Coral 5G.
Tras más de tres horas de ponderación, la magistrada decidió mantener la prisión preventiva al general Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Mata Flores; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el general Julio Camilo de los Santos Viola, debido a que los presupuestos no han variado.
En el caso del exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, se aplazó la revisión obligatoria de la medida para el 26 de septiembre, debido a que este la había solicitado separarlo del grupo.
Abogados apelarán fallo
Las defensas de Boanerges Reyes y de los Santos Viola informaron que apelarán la decisión tomada debido a que “se están violando los derechos de la presunción de inocencia”, según indicó el abogado Waldo Abreu.
Mientras que el jurista Héctor García López, quien representa a la pastora Rossy Guzmán y su hijo expresó que se sentarán a analizar la decisión completa de las juezas para decidir los próximos pasos a tomar.
Al finalizar la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que aplaude la decisión de la jueza. “Nosotros construimos los casos con la suficiente fortaleza como para que puedan resistir cualquier embate. Qué esperamos nosotros en consecuencia, que el Poder Judicial se coloque a la altura de las circunstancias, no obstante a eso, este es un proceso en que en su momento la historia nos evaluará”, dijo al término de la audiencia.
Datos
Operativos
Con la ejecución de las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.