Fiscalía solicita medida de coerción a implicados de agresión a Defensor del Pueblo y periodistas
Las fiscales pidieron al tribunal enviar a juicio de fondo a la exencargada del Centro de Retención Vehicular (Canódromo) y los demás acusados
Foto de archivo de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez. Foto: Listín Diario.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción, imponer medida de coerción en contra de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez y seis de sus subalternos imputados por la agresión al Defensor del Pueblo y a periodistas.
La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó al tribunal imponer a los imputados el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
Asimismo, las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, pidieron al tribunal enviar a juicio de fondo a la exencargada del Centro de Retención Vehicular (Canódromo) y los demás acusados para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
A ese pedimento, se sumó el primer suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz, quien dijo que el código penal y la ley del Defensor del Pueblo contempla pena de seis meses hasta dos años de prisión para los imputados de la agresión a su titular Pablo Ulloa y la prensa.
En el caso figuran además De los Santos Pérez, los acusados Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier, Starling Ramírez, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
A la audiencia comparecieron el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, el secretario general de ese ente, Harold Modesto, la periodista Lourdes Aponte y el fotógrafo Raúl Asencio, de Listín Diario.
Según la acusación, los imputados agredieron física y verbalmente a las víctimas en abril pasado, cuando una comisión encabezada por Ulloa visitó el lugar, dirigiéndose al despacho de la responsable del Canódromo, bajo tutelaje de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
Vargas, Javier y De los Santos Pérez fueron acusados de propinar golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal. Mientras, De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acusación indica que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando la comisión encabezada por Ulloa llegó al Canódromo.