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La República miércoles, 17 de agosto de 2022

Ministerio Público: Sarah Rodríguez mostraba solvencia económica con la compra de vehículos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva a la mujer que habría estafado con más de 50 millones de pesos a decenas de personas

  • Ministerio Público: Sarah Rodríguez mostraba solvencia económica con la compra de vehículos

     Sarah Rodríguez. 

Redacción digital
Santo Domingo, RD.

El expediente de medida de coerción contra Sarah Rodríguez Díaz, acusada de estafar a más de un centenar de personas a las que prometía multiplicar sus aportes en el mercado de las criptomonedas, señala que la imputada mostraba solvencia económica con la compra de vehículos y el patrocinio de eventos, según explica el Ministerio Público. 

“Mostraba una aparente solvencia económica, exhibiendo una vida opulenta con la compra de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos, para alegar el éxito de la inversión”, dice el Ministerio Público.

Las investigaciones determinaron que la imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones, y se determinaron, también, que presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva a la mujer que habría estafado con más de 50 millones de pesos a decenas de personas, 49 de las cuales se constituyeron en querellantes.

Rodríguez Díaz cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres.

El juez Bienvenido Liz declaró el proceso de tramitación compleja, debido, entre otras razones, a la cantidad de víctimas.

El órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica la estafa, así como por los artículos 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.