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Tribunal fija para el 14 de septiembre juicio preliminar a implicados en agresión caso Canódromo

Raymundo Mejía fue apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados, por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado.

Coronela Ysabelita De Los Santos // Foto de archivo.

Coronela Ysabelita De Los Santos // Foto de archivo.

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Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD

El juez Raymundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, fijo para el 14 de septiembre el juicio preliminar en contra de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa.

El magistrado ordenó a la secretaria del tribunal notificar la acusación a la ex encargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, Santos Pérez y demás implicados, así como el auto de fijación de audiencia.

Raymundo Mejía fue apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado.

El tribunal fue apoderado luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, presentara acusación formal en contra de los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa, en el Canódromo el pasado mes de abril.

Los agresores

En el caso donde fue borrada la data del teléfono que le arrebataron a la periodista del Listín, figuran como acusados además de la coronela de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fueron acusados de golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. Mientras que De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En la acusación el Ministerio Público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.